La FIP condena las intimidaciones a Manuel Calloquispe y Karla Ramírez por sus trabajos sobre minería ilegal y corrupción.
Los colegas Manuel Calloquispe y Karla Ramírez han sido blanco de preocupantes intimidaciones por su trabajo de investigación sobre la minería ilegal y la corrupción. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) condena enérgicamente estas acciones y se suma al pedido de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú para que el Estado brinde garantías para el trabajo y la vida de los trabajadores de prensa.
Manuel Calloquispe, corresponsal de los medios Inforegión, Latina y El Comercio, y reconocido por sus reportajes sobre la minería ilegal, recibió una amenaza de muerte directa hacia él y su familia a través de una llamada telefónica el pasado 28 de agosto, vinculada con sus publicaciones sobre el tema. Calloquispe ha sido víctima de amenazas y acciones intimidantes en otras oportunidades, incluyendo un asedio a su domicilio particular.
Por su parte parte, Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación del noticiero Panorama, ha denunciado la existencia de un plan para atentar contra ella, que involucraría a miembros de organismos de seguridad del gobierno, debido a sus investigaciones sobre figuras del gobierno y redes de minería ilegal.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ha solicitado «a la Policia Nacional del Perú, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y a la Defensoria del Pueblo garantias para el periodista Manuel Calloquispe, amenazado de muerte esta semana por una organización criminal vinculada a la minería ilegal».
En el comunicado, firmado junto a otras organizaciones, también solicitaron «a las instituciones del Estado que tomen contacto y protejan al periodista, quien en anteriores ocasiones ha sido ignorado a pesar de sus solicitudes. Su labor ha sido fundamental para descubrir las operaciones de mafias de mineria ilegal en la selva peruana».
La Federación Internacional de Periodistas condena enérgicamente estas acciones contra lxs colegas y se suma al pedido de la ANP para que el Estado brinde garantías para el trabajo y la vida de los trabajadores de prensa.
