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2020: Resumen de un mal año para la libertad de expresión en España

La PDLI cita distintas sentencias condenatorias, agresiones a periodistas en protestas públicas, la no modificación de la ‘Ley Mordaza’ y falta de transparencia en la información durante la pandemia, entre otros casos

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), entre cuyos fundadores está la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), considera que 2020 ha sido un mal año para la libertad de expresión y la libertad de prensa. “En 2020 no solo no se ha producido ningún avance en materia de libertad de expresión e información, sino que ha sido un año, como los anteriores, con amenazas graves a estos derechos fundamentales”, ha manifestado hoy esta organización.

La PDLI recuerda que, en el último trimestre, Naciones Unidas, la Comisión Europea y la UNESCO han emitido sendos informes en los que señalan que en España existen límites inaceptables a la libertad de expresión. Añade que la pandemia del coronavirus también ha tenido un impacto negativo en este aspecto, sobre todo por las consecuencias económicas que ha tenido en los medios de comunicación -con pérdida de ingresos y de puestos de trabajo- y por la falta de transparencia por parte de las administraciones públicas.

Entre los principales hechos de 2020 relacionados con la libertad de expresión e información, la PDLI señala estos:

– El humor ha sido una víctima. La PDLI cita, entre otros casos, la imputación del dibujante Toni Galmés y la condena a la revista Mongolia por publicar un fotomontaje sobre el torero José Ortega Cano.

– Cinco años de Leyes Mordaza. La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y las dos reformas del Código Penal que aprobó el PP, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, han cumplido cinco años sin que el Gobierno ni los grupos parlamentarios hayan modificado esas normas.

El único aspecto positivo es que, en noviembre, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo 36.23 de la citada ley orgánica, que castigaba el uso no autorizado de imágenes o datos de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad cuando con ello se pusiera en peligro su seguridad personal o familiar o la de instalaciones u operaciones policiales.

– Agresiones a periodistas. La PDLI recoge distintos casos de agresiones a periodistas manifestaciones o protestas públicas, así como la petición de la UNESCO a los estados miembro para que les protejan. También se refiere al acoso online que sufren las mujeres periodistas.

– Falta de transparencia. Durante la pandemia ha existido falta de transparencia en la información por parte del Gobierno de España y de los autonómicos, salvo algunas excepciones.

– Leyes amenazadoras de la libertad de expresión. En 2020 se han presentado algunas normas que pueden ser una amenaza para la libertad de expresión, entre ellas el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.

La PDLI también ha mostrado su preocupación por la propuesta que planteó Vox para regular los medios especializados en verificar las informaciones y los datos, así como sobre una proposición no de ley de Unidas Podemos -aprobada en la Comisión de Interior del Congreso- que puede suponer límites desproporcionados a la libertad de expresión.

En este informe, que formará parte de su Memoria anual, la PDL también cita varias sentencias del Tribunal Constitucional y otras instancias judiciales, que considera atentatorias contra la libertad de expresión porque han condenado expresiones contra la bandera o los sentimientos religiosos.

También cita la paralización por la que ha atravesado el concurso público para renovar el Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE, así como la presentación del anteproyecto de la futura Ley General de Comunicación Audiovisual. Este anteproyecto es considerado “ultraliberal” y contrario al servicio público de por expertos como el catedrático de Comunicación Audiovisual Enrique Bustamante.

El informe concluye con una referencia a  la amenaza que supone para los medios de comunicación la caída de ingresos y los despidos que ha habido, debido a la pandemia, por lo que la PDLI ha pedido a Europa y al Gobierno ayudas para ese sector, como también la hecho la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y otras organizaciones periodísticas profesionales y patronales.

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