Amplio arco de protección para personas y organizaciones, canales internos para denuncias en las empresas y aplicación de la carga de prueba inversa.
Hoy ha entrado en vigor, tras su publicación en el Diario Oficial de la UE hace veinte días, la Directiva europea de protección de denunciantes. Se inicia ahora el período de dos años durante el cual los Estados miembros deben articular la aplicación de esta Directiva en su respectiva legislación nacional.
La plataforma Whistleblower Protection, que ha trabajado por la protección de los “denuniantes” señala que esto “debería ser un llamado a aquellos que estuvieron involucrados en la promoción de la Directiva para que se activen nuevamente y aboguen por mejorar la legislación nacional en todos los Estados miembros.”
Entre los puntos fuertes de la Directiva se encuentran su amplio ámbito de personas y organizaciones protegidas, la introducción obligatoria de canales internos para denuncias en empresas públicas y privados, la aplicación de la carga de prueba inversa y una amplia protección contra represalias.
Por otro lado, en ciertos aspectos, el alcance de la Directiva está limitado por el mandato europeo: esto se refiere al alcance de las irregularidades denunciables, las sanciones por represalias, la denuncia de irregularidades de seguridad nacional, así como las normas sobre extradición.
Los Estados miembros se aseguran de abordar las deficiencias actuales y se aseguran de convertir a Europa en un puerto verdaderamente seguro para aquellos que denuncian las irregularidades en interés público. Después de analizar el contenido de la Directiva contra los Principios de Blueprint, el informe ofrece recomendaciones para quienes participan en el proceso de transposición a nivel nacional.
“Ha sido un trabajo largo y duro. Sin embargo, para un proceso legislativo en la UE ha ido muy rápido. Cuando Eurocadres lanzó una invitación abierta a la primera reunión en abril de 2016 sobre lo que se convertiría en la plataforma Whistleblower Protection. EU, la Comisión seguía argumentando que no había una base legal adecuada y que una directiva no podía hacerse realidad. Esto fue solo hace tres años y medio.” ha dicho Martin Jefflén, presidente de Eurocadres
Mientras que el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha señalado: “Muchos escándalos recientes nunca habrían salido a la luz si los expertos no hubieran tenido el coraje de hablar. Pero los que lo hicieron tomaron enormes riesgos. Entonces, si protegemos mejor a los denunciantes, podemos detectar y prevenir mejor el daño al interés público, como fraude, corrupción, evasión de impuestos corporativos o daño a la salud de las personas y el medio ambiente. No debe haber castigo por hacer lo correcto».
