Tras cinco horas de debate y con los únicos votos del Partido Popular, la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “ley mordaza”, ha sido aprobada ayer por la tarde en el Senado. Es el penúltimo paso antes de su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados, prevista para el día 26 de marzo. Su aprobación en la Cámara Alta se produce un día después de la votación y aprobación de la reforma del Código Penal también con los únicos votos del PP; con lo cual la pinza represiva queda montada
La plataforma «No Somos Delito», que a grupa a más de 70 organizaciones de juristas, activistas sociales y ciudadanas -entre ellas, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)-, había difundido un comunicado en el que adelantaba que la mayoría absoluta del PP permitiría al Senado aprobar ambas normas, tanto como las desproporcionadas medidas propuestas en el pacto PP/PSOE contra el terrorismo yihadista.
«La plataforma No Somos Delito continúa solicitando la dimisión del ministro del Interior y del ministro de Justicia ante la aprobación de estas leyes», añade el comunicado, «y muestra su preocupación por la criminalización de los movimientos sociales que se hace en el pacto antiterrorista que aprobará, junto a la ‘Ley Mordaza’, el Gobierno con el apoyo del Grupo Socialista» .
Estas leyes han cosechado el rechazo prácticamente unánime de la oposición en el Congreso, de los movimientos sociales y de distintos organismos internacionale. Cinco relatores de Naciones Unidas han pedido al Gobierno de Mariano Rajoy en los últimos meses, sin ningún éxito, que retirara estos proyectos de ley porque «atentan contra derechos fundamentales».
No Somos Delito recuerda, tras las detenciones y el aumento de la represión durante las últimas semanas, que distintas organizaciones sociales y peridistas han denunciado que estas leyes son una cortapisa a la protesta social y se están aplicando incluso antes de ser aprobadas.
Entre los casos más recientes citan la detención del fotógrafo Jaime Alekos, del digital Periodismo Humano, mientras cubría el desahucio de una familia en Madrid; las «devoluciones en caliente» de inmigrantes desde Melilla a Marruecos, que ahora son ilegales y, según la Asociación Prodein, serán de las primeras medidas que se apliquen con las nuevas leyes; el incremento de la violencia policial y de las detenciones en los desahucios, y la denuncia contra una activista porque difundió en Twitter la fotografía de un policía riéndose durante un desahucio.
