La proposición que el PP presentó en el registro del Congreso el pasado 20 de enero señala que los jueces españoles solo podrán investigar delitos de genocidio y lesa humanidad, como en el caso del Tíbet, cuando “el procedimiento se dirija contra un español o un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas”.
Además, la reforma deja claro que los delitos de la llamada jurisdicción universal solo serán “perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el fiscal”. Se excluye la Acción Popular, prevista en el artículo 125 de la Constitución.
Ya en 2009, PPy PSOE pactaron para recortar las capacidades de la jurisdicción universal y evitar roces diplomáticos. También entonces lo hicieron por la puerta de atrás, presentando una enmienda a la ley de creación de la Oficina Judicial, que tramitaba el Congreso. Ahora el PP, con mayoría absoluta, ni siquiera ha buscado la complicidad del PSOE.
Para dar la máxima celeridad a esta reforma, que recorta drásticamente el alcance de la llamada jurisdicción universal, se ha recurrido a un procedimiento singular: la presentación de una proposición de ley del Grupo Popular en el Congreso. Inicialmente, el Gobierno tenía previsto incluir esta modificación en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prepara el Ministerio de Justicia, pero ello obligaría a pedir informes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal, por lo que el proceso se alargaría meses. Recurriendo al PP, el Gobierno evita que la reforma pase por el Consejo de Ministros, se salta la fase de los informes y, si impone el trámite de urgencia, puede tenerla en vigor en dos meses.
La periodista Olga Rodríguez consigna en eldiario.es que “Gracias a la perseverancia de la familia Couso, el caso sigue abierto casi once años después, y es la única causa en el mundo que está siendo investigada contra militares estadounidenses. Ahora los Couso han pedido a todos los grupos parlamentarios, también al PP, que no voten a favor de una reforma que sólo busca evitar que determinados actos criminales queden impunes.”
Javier Couso, hermano del cámara, declaró a Servimedia que la iniciativa del PP es «una muestra más del proceder de un gobierno servil y lacayo», los intereses de Estados Unidos, que no le importa «dejar sin tutela efectiva a los españoles en el extranjero».
«Lo que alegan de que sólo se pueda perseguir a un criminal de guerra en territorio español es una broma y un sarcasmo», agregó Javier Couso. «Es una más de un Gobierno cuyo presidente no tuvo ni vergüenza para trasladarle a Obama» la situación del caso de su hermano.
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