El sindicato Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC-FeSP) ha pedido a los grupos políticos del Parlamento autonómico que «no caigan en la trampa» de apoyar el proyecto de ley urgente que ha presentado el Gobierno canario para modificar la vigente Ley de Radio Televisión Pública de Canarias, un cambio que va a disolver el Consejo Rector y lo sustituirá por un administrador único. «Es darle el poder a una sola persona para que, sin ningún tipo de control, pueda decidir una nueva privatización de los servicios informativos con la excusa de que no da tiempo a recuperarlos para lo público», indican en un comunicado.
UPCC recuerda que la actual ley de la radio televisión pública canaria ya establece el procedimiento para cubrir las vacantes del Consejo Rector, que consiste en elegir nuevas personas candidatas y votar, tras el rechazo a las propuestas anteriores. «Que se opte por un administrador único sólo puede significar que, una vez conseguido, sirve para luego argumentar, sin oposición, que no da tiempo a recuperar los informativos públicos y venderán una nueva privatización de los servicios informativos mediante un concurso ‘puente’ con una fecha de caducidad que se incumplirá sistemáticamente», indica UPCC.
Este sindicato, que forma parte de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), recuerda en el comunicado que Coalición Canaria, el PP, la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y el PSOE «apuestan por seguir con el modelo de cargos políticos como integrantes del Consejo Rector», en vez de imitar la ley que aprobaron esos mismos partidos en el Congreso de los Diputados en septiembre pasado para que la Presidencia y el Consejo de Administración de RTVE sean elegidos por concurso público.
El Consejo Consultivo canario ha indicado en un informe que el proyecto de ley elaborado por el Gobierno canario contiene muchas deficiencias y atribuye al administrador única competencias que no le corresponden legalmente, por lo que quedaría fuera de cualquier control en su actuación, según ha publicado Diario de Avisos.
UPCC siempre ha defendido que los servicios informativos de Radio Televisión Canaria (RTVC) dejen de estar externalizados y pasen a ser realizados por la plantilla de la empresa. Eso implica convocar una oferta pública de empleo, con un baremo justo de puntuación para los trabajadores actuales que debe ser negociado.
El sindicato presentó en enero pasado un recurso contencioso administrativo contra el concurso que había convocado de forma unilateral el entonces presidente de RTVC, Santiago Negrín -que dimitió hace unas semanas-, para adjudicar de nuevo los servicios informativos a una empresa privada por un importe de 144 millones de euros y ocho años de duración. Esa convocatoria correspondía legalmente al Consejo Rector, pero Negrín no consultó a ese órgano.
Posteriormente, Negrín decidió declarar desierto el concurso y adjudicar los servicios informativos mediante un procedimiento negociado sin publicidad. Los profesionales del sector consideran que esos actos son «manifiestamente ilegales», porque el expresidente de RTVC los llevó a cabo «arrogándose las competencias del Consejo Rector. Si los grupos políticos del Parlamento permiten cambiar el Consejo Rector por un administrador único, le estarán permitiendo que haga lo mismo que Negrín, con la diferencia de que sería legal si deciden apoyar la propuesta», concluye el comunicado del sindicato.
UPCC ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias la decisión del juzgado de instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife de archivar la petición que presentó UPCC, en su día, para que fuera suspendida cautelarmente la concesión de los servicios informativos por un procedimiento negociado sin publicidad.
