El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha denunciado en su web que agentes de “los Mossos d’Esquadra (policía autonómica catalana) casi impidieron el pasado miércoles que los periodistas pudieran cubrir una concentración islamofòba y la réplica antifascista convocada por la UCFR que hubo en l’Hospitalet. Los agentes incluso requisaron una cámara de vídeo de un periodista de la revista Directa al cual, según informa esta publicación, después de ordenarle que borrara las imágenes grabadas, le tomaron el aparato, devolviéndolo unos diez minutos más tarde, tiempos en qué estuvo fuera del campo visual del periodista.
El fuerte despliegue policial comportó grandes trabas para que los periodistas pudieran trabajar ya que la policía catalana los situó en unos 50 metros de los hechos; lo cual con la oscuridad que ya había en aquella hora, hizo muy difícil obtener imágenes y ver qué pasaba. Los agentes incluso dificultaron que un representante de Plataforma per Catalunya hiciera declaraciones a los medios en una improvisada rueda de prensa.
Este es un ejemplo más de lo que comportará la aplicación de la ‘Ley de protección de la seguridad ciudadana’ (LPSC), más conocida ya como ‘Ley Mordaza’, que el Senado ha aprobado esta misma semana con solo los votos del PP, justo el día siguiente de los hechos de l’Hospitalet.
La Plataforma por la Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha elaborado un informe que acaba de hacer público en el cual destaca como la LPSC, la reforma del Código Penal y las nuevas normas contra el terrorismo yihad ista «suponen una grave amenaza para las libertades de información y expresión de periodistas y movimientos sociales”.
Para quién lo dude, el anochecer del miércoles en l’Hospitalet hemos tenido una prueba”.
