Distintos medios se han hecho eco de que el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), órgano de carácter consultivo que integra las principales organizaciones a nivel estatal en ese ámbito, se ha dirigido a la Secretaría del Consejo Asesor de RTVE a través de sus representantes en el mismo, con el fin de manifestar su preocupación por la falta de operatividad que aqueja al mencionado Consejo Asesor, algo que en los últimos años ha venido manifestando reiteradamente.
Según el CCU, los cambios en la normativa que dieron lugar a la creación de la Corporación de RTVE en 2006, hicieron abrigar esperanzas de que la participación social sería finalmente una realidad en la televisión pública estatal. De hecho, señala, se aprobaron las Directrices y el Reglamento para el derecho de acceso de los grupos sociales, y se puso en marcha el Consejo Asesor, que había estado sin constituirse durante más de 20 años a pesar de la obligación legal de hacerlo.
Sin embargo, dice el CCU, en esta década de funcionamiento del Consejo Asesor su papel ha quedado muy por debajo de las expectativas despertadas como órgano de participación social, y también como uno de los principales elementos diferenciales del servicio público de radiodifusión audiovisual.
En este sentido, el CCU propone algunas medidas de revitalización como un calendario que permita cumplir con la cadencia de reuniones establecida por la Ley y, sobre todo, que se constituyan en su seno grupos de trabajo, de acuerdo con las áreas de competencia recogidas en la normativa:
– Asesorar al Consejo de Administración de la Corporación RTVE en las orientaciones generales de la programación.
– Informar sobre los criterios y normas que garanticen el derecho de acceso de los grupos sociales significativos en función de su relevancia social, representatividad y ámbito de actuación.
– Informar sobre la propuesta de los contratos-programa con el Estado y de las líneas de programación, así como en el establecimiento de las normas de admisión de comunicación comercial (en estos momentos, el denominado patrocinio cultural).
Además, el CCU se ha dirigido en otras ocasiones a la Corporación para reivindicar la puesta en marcha de un programa de consumo, tal y como contempla la legislación vigente.
