“Defendemos que sus periodistas ejercieron su derecho constitucional a difundir información veraz, verificada y contrastada con fuentes fiables y de interés general, fuentes cuya identidad está protegida por el secreto profesional».
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y todos sus sindicatos afiliados en España rechazan la petición de la jueza María Cristina Díaz al diario español eldiario.es que revele en el plazo de diez días quién les informó de la lista de bienes que se encuentran en el Pazo de Meirás, inmueble que la familia del dictador Franco ocupó durante 82 años, y cuya propiedad se encuentra actualmente en litigio.
La FIP y sus sindicatos, entre ellos la FeSP, exigen que se respete el derecho constitucional de los/as periodistas a no revelar sus fuentes de información.
“Ignacio Escolar no está obligado a revelar la identidad de sus fuentes. El secreto profesional es un derecho constitucional de los periodistas (artículo 20 de la Carta Magna) y la base de una libre información. No se trata solo de un derecho de los periodistas, sino también de un deber: el de proteger la identidad de las fuentes y, al mismo tiempo, garantizar el derecho de información de los ciudadanos”, ha señalado el presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, lamentó que todavía existan “algunos jueces y juezas, afortunadamente pocos, que parecen desconocer que uno de los pilares básicos de la profesión periodística es el derecho de los profesionales a no revelar las fuentes que les facilitan la información”.
La agrupación de Periodistas de la FSC-CCOO dijo que no se podía entender «que una vez más un miembro de la judicatura ponga intereses particulares por encima de la Constitución, porque el derecho a proteger a nuestras fuente en España es un derecho constitucional” a la vez que ofreció la infraestructura de la Agrupación a eldiario.es para evitar «que una vez más se viole el artículo 20 de nuestra Constitución».
Por su parte, la Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT) también rechazó la petición judicial ya que “va en contra del libre ejercicio del periodismo en una sociedad democrática”. Además, denunció que esta no es la primera vez que algo así ocurre en España, por lo que considera «necesario que se debata y se apruebe una Ley de Secreto Profesional, como así señala el artículo 20 de la Constitución Española, que ampare a los profesionales de la información”.
El Secretario General de la FIP dijo: «La FIP respalda la posición de todas sus organizaciones afiliadas en España y muestra su total apoyo a eldiario.es para que no desvele sus fuentes de información. Defendemos que los/as periodistas de eldiario.es ejercieron su derecho constitucional a difundir información veraz, verificada y contrastada con fuentes fiables y de interés general, fuentes cuya identidad está protegida por el secreto profesional».
