Este 22 de febrero Amnistía Internacional (AI) ha presentado su informe “La situación de los derechos humanos en el mundo 2017/2018”, y es especialmente exhaustivo del ya que abarca su estado 159 países. La organización entiende que “el mundo está sufriendo las terribles consecuencias de la retórica del odio, que amenaza con normalizar la discriminación en gran escala de los grupos marginados” aunque ha comprobado que “existe un creciente movimiento de activistas, tanto noveles como avezados, cuya labor de campaña por la justicia social permite abrigar la esperanza de invertir la tendencia a la opresión”.
Entre los países con retrocesos en el ejercicio de la libertad de expresión la organización internacional incluye a España. Amnistia señala que:
“La realidad de los derechos humanos en España tampoco queda al margen de esta situación. Por un lado, la organización ha constatado ataques al derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión pacífica, tanto en el ámbito legislativo como, en algunos casos, en la práctica policial, entre ellos, el uso excesivo de la fuerza el 1 de octubre o la excesiva y desproporcionada prisión provisional de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Alzar la voz, incluso a través de las redes sociales, se ha vuelto cada vez más peligroso, “gracias” a las reformas en la Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana y del Código Penal, por las cuales se amordaza el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión y se daña el derecho a la información.
Por otra parte, el impacto de las medidas de austeridad implementadas como consecuencia de la crisis económica está dejando desamparadas a decenas de miles de personas en España. Medidas como el Real Decreto Ley 16/2012 están poniendo en riesgo el acceso a la salud y la calidad del Sistema Nacional de Salud, especialmente para personas discriminadas como migrantes en situación irregular y otros colectivos. El derecho a una vivienda también está en peligro en España, cuando se han producido un total de 43.459 desalojos en los primeros nueve meses de 2017. Especialmente las madres solteras y las mujeres víctimas de violencia de género han sido uno de los colectivos más afectados por esta crisis de vivienda que no ha terminado.
Tampoco las personas refugiadas han recibido la protección adecuada a la que tienen derecho: un año más, el fracaso en las políticas migratorias por parte de las autoridades españolas ha quedado patente. No solo ha incumplido su compromiso de traer a 17.337 personas refugiadas (llegando apenas al 15%, menos de 3.000 personas, hasta diciembre de 2017), sino que se han seguido cometiendo violaciones y abusos de derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas, especialmente en Frontera Sur.
