Aunque la reforma del audiovisual catalán significa todo un avance democrático, parte del Parlament se reserva ases en la manga para hacer trampas de trilero.
Ramon Espuny
Después de siete años, los mismos que costó que se reformara la ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) en 2007, el Parlament catalán ha aprobado, sorprendentemente por unanimidad, la reforma de las leyes audiovisuales -del Consejo Audiovisual de Cataluña ( CAC) y de la CCMA-, revirtiendo los aspectos nucleares de la contrarreforma impulsada en 2012 por CiU y el PP. Ha sido un gran logro, que han defendido de manera constante tanto los organismos representativos de los trabajadores de la Corporación (comités de empresa y consejos profesionales), como organizaciones sindicales, y en primer lugar el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC).
Se ha acordado el retorno al requisito de mayoría cualificada de 2/3 del Parlament para elegir a los miembros del Consejo de gobierno de la Corporación y del CAC, a propuesta de al menos tres grupos parlamentarios, así como la verificación de las exigencias de independencia y profesionalidad de sus integrantes.
Otro aspecto es que se incrementa la autonomía del Consejo Asesor de la CCMA (representativa de las entidades sociales) y reclamar la paridad de género en el Consejo. Finalmente, se ha establecido la elección de los directores de TV3 y de Catalunya Ràdio a través de un concurso público organizado, eso sí, por el propio Consejo de Gobierno.
En cambio, decayó de las propuestas que el nombramiento de Consejeros se hiciera también por concurso público, organizado por el Parlament y la presencia de representantes de los trabajadores en el Consejo de la Corporación. Una tercera cuestión que se quedó en el camino es que se instaurara una vicepresidencia de género en el Consejo.
Estas condiciones son sólo un método para asegurar el objetivo de las reformas acordadas en 2000, logradas en 2007 y ahora recuperadas arduamente con la modificación de las leyes audiovisuales, que es evitar que la gestión del CAC y la CCMA no esté en manos del Gobierno. Una capacidad que erosiona su carácter público y pervierte la misión encomendada a sus medios, que debe basarse en el pluralismo político y social, la imparcialidad y la neutralidad política e ideológica de la información y la programación que ofrecen.
Por eso, es sorprendente que representantes de grupos parlamentarios que han apoyado la reforma piensen que respetan esta medida repitiendo intentos de volver al reparto de puestos para el Consejo. Repartos hechos sin el consenso que ha permitido el acuerdo parlamentario y a partir de negociaciones de algunos grupos para repartirse las sillas por cuotas y que lo impondrían cumpliendo uno de los requisitos de la ley reformada (los 2/3 y el apoyo de tres grupos). Aunque ignorando los compromisos del “máximo consenso posible” que todos aseguraron en el debate parlamentario; así como la exigencia de garantizar la independencia política real y la capacitación profesional verificadas, que también prevé la nueva norma.
Estos propósitos, que son vox populi y que nadie ha desmentido, explicarían la inesperada unanimidad en la votación de la reforma de las leyes, y se agravarían si atendemos al pacto de gobierno suscrito en 2018 entre JuntsXCat y ERC, y nunca desdicho. Este acuerdo incluiría la cesión a ERC de la presidencia de la Corporación y el reparto entre los dos partidos, en formato cremallera, de las direcciones de los medios y de los servicios informativos respectivos. Que obtendrían mediante la mayoría que los grupos del actual Gobierno tendrían en el Consejo , que es el núcleo del reparto con mayoría cualificada que se quiere volver a intentar.
Esto pervertiría los objetivos de la reforma. Primero, rompiendo el consenso entre las fuerzas políticas, necesario para prestigiar y hacer viables los medios públicos de comunicación. En segundo lugar y más grave aún, porque mantendría el control gubernamental sobre la CCMA y sus medios, en clara contradicción con la misión que corresponde a una radiotelevisión pública, que no debe estar al servicio ni de los gobiernos ni de los partidos.
(*) Ramon Espuny es secretario de Acción Interna a la Junta Ejecutiva del SPC y miembro del comité de empresa de TV3. Expresidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya.
http://www.sindicatperiodistes.cat/content/reforma-de-la-llei-de-la-ccma-desgovernamentalitzar-la
