Lucie Morillon, directora de programas de Reporteros sin Fronteras (RSF) ha reiterado su «apoyo a los principios generales» de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en Argentina; cuya aplicación ha generado el enfrentamiento legal entre el Gobierno de Cristina Fernández y el grupo Clarín.
Este último se ve obligado, en cumplimiento de la ley mencionada, a la enajenación de parte de sus empresas que han constituido el mayor monopolio mediático en ese país.
RSF explicó en un comunicado que la ley tan denostada por la prensa española, aprobada hace ahora cinco años, «refuerza el pluralismo y la libertad de información» en Argentina y que su entrada en vigor «no debe verse afectada por la fuerte polarización política y mediática del país».
RSF recuerda que la LSCA reemplazó otra ley de 1980, «heredada de la dictadura militar» y que su objetivo es «democratizar el mercado de frecuencias audiovisuales en el país, limitando la concentración» mediante la reducción del número de frecuencias que se pueden conceder a un solo propietario.
Asimismo, impide que una empresa pueda ser, a la vez y en la misma localidad, concesionaria de un canal abierto y propietaria de una empresa de producción y distribución televisual por cable.
Ante el rechazo del recurso judicial presentado por el Grupo Clarín para cumplir la ley de manera sesgada, será el Estado el que haga una evaluación y lance una licitación para la venta de las licencias de difusión que superan el límite de lo que el grupo multimedia puede conservar de acuerdo con la ley.
