El pasado miércoles 19 de septiembre los grupos parlamentarios de PP, PSOE y Cs han presentado de forma conjunta una enmienda a la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que evitaría tener que pasar por un juez para cerrar una página web si una comisión gubernamental considera que existe reiteración en la violación de la norma.
La enmienda, que está registrada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, modifica el texto del apartado 6 del artículo 195 de la LPI titulado: Función de salvaguarda de los derechos en el entorno digital.
En concreto, la enmienda presentada quiere corregir las herramientas legales necesarias para decretar “El cese de las actividades declaradas infractoras del prestador de servicios durante un período máximo de un año”. Para lo cual se propone que esa medida: “no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa”.
De esta forma, la decisión quedaría en manos del Ejecutivo y se perdería la potestad del poder judicial para actuar ante este extremo; lo que ha hecho saltar las alarmas entre quienes hace ocho años ya se opusieron a que una comisión gubernamental pudiera ordenar el cierre de una web sin autorización previa de un tribunal.
La propuesta presentada: http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-21-2.PDF
