En 2005, la cantante Paulina Rubio denunció ante la justicia española haber sido objeto de conjeturas y rumores en las tertulias televisivas “Dónde estás Corazón”, “Aquí hay tomate” y “Crónicas marcianas”; que, alegó, habían atentado contra su derecho a la privacidad y al honor por hacer referencia a su orientación sexual.
El Juzgado de Primera Instancia nº1 de Madrid, en su momento, consideró que tales alusiones no violaban sus derechos fundamentales porque, según señala ‘eldiario.es’, «la sexualidad de una persona no debe ser vista hoy como deshonrosa» y que sus gustos «no pertenecían a la esfera de su vida privada desde mucho antes de la difusión de los tres programas».
Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante el cual recurrió Rubio, ha reconocido “que, si bien Paulina Rubio se aprovechó en ocasiones del foco de la prensa, este hecho ‘no implica dar carta blanca a las cadenas de televisión’ y hacer desaparecer ‘toda protección a la interesada contra los comentarios incontrolados sobre su vida privada’. La sentencia también se dirige hacia los periodistas, instándoles a tener ‘prudencia y precaución’ en el tratamiento informativo de un personaje público.
Los siete magistrados europeos han dictaminado que el derecho a la intimidad de una persona debe estar por encima de su reconocimiento público. Y que, en este caso, los jueces españoles inclinaron la balanza hacia el morbo de los espectadores. «Sienta un precedente que no es de aplicación directa, pero muchas defensas van a citar esta condena en futuras causas», cuenta Gonzalo Boye, abogado de derechos fundamentales, a eldiario.es. Eso no significa que la sentencia del Tribunal Europeo sirva como revulsivo para todos los programas del corazón que existen en la parrilla televisiva.
«Es decir, la sentencia está muy bien siempre que la justicia española se la empiece a tomar en serio», resume Boye. Uno de los principales problemas del texto según el abogado, es que condene a España sin dar nombres propios. «Al final se dispara con pólvora del rey y nadie hace caso».
Boye anima a recurrir a los tribunales europeos porque esta es «una más de las muchas condenas a España por el Tribunal de los Derechos Humanos, lo que implica que hay algo que no se está haciendo bien». Piensa que este tipo de sentencias irán perfilando la jurisprudencia española e instan a aplicar los preceptos reconocidos en el convenio europeo de DDHH.
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