Hasta ejecuciones sumarias bajo el gobierno interino de Bolivia certifican los defensores de Harvard y University Network for Human Rights. Denuncia de la FIP.
Cuatro días después de que el gobierno interino de Bolivia suspendiera las elecciones nuevamente, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard (HLS) y la Red Universitaria para los Derechos Humanos (UNHR) publicaron un informe sobre la abusos de derechos cometidos bajo la presidencia interina de Bolivia, Jeanine Áñez, que se autoproclamó el 12 de noviembre de 2019 . El informe documenta uno de los períodos más mortíferos y represivos de las últimas décadas en Bolivia, así como el creciente temor de los pueblos indígenas y los críticos del gobierno de que sus vidas y su seguridad están en peligro.
“Hemos identificado patrones muy preocupantes de violaciones de derechos humanos desde que el gobierno interino asumió el poder. Estos abusos crean un clima en el que la posibilidad de elecciones libres y justas se ve seriamente socavada ”, dijo Thomas Becker, abogado internacional de derechos humanos de UNHR e instructor en la Clínica Internacional de Derechos Humanos de HLS.
Asimismo, la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) registró en el año 2019 un total de 162 casos de violación a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información, con un incremento de 383% en relación al año anterior, según se reporta en el Informe Sombra presentado por la organización regional Voces del Sur (VDS).
El capítulo dedicado a Bolivia (pag. 32) expresa que “El terrible salto en las alertas relacionadas con agresiones y ataques—un incremento de 383% de un año al otro—se compara únicamente con el incremento en gravedad y crueldad de las agresiones y ataques. Las vidas y bienestar de periodistas, incluyendo reporteros, fotógrafos, camarógrafos han sido sistemáticamente atacada a través de palizas, uso de gas lacrimógeno e incluso explosivos”.
Estas alertas se suman a la denuncia formulada por decenas de organizaciones de informadores, entre ellas la Federación Internacional de Periodistas (FIP), a la que pertenece la FeSP, difundido este pasado febrero en una carta abierta que, entre otras cosas, manifestaba: “El golpe de estado perpetrado en Bolivia y su correlato de amedrentamiento público a la prensa local y extranjera, son algunos de los hechos que motivan la presente carta abierta.
Como es sabido, el orden constitucional boliviano fue interrumpido en noviembre de 2019, luego de semanas de violentas protestas en todo el país en contra de la reelección de Evo Morales, quien debió presentar su renuncia tras perder el apoyo de las fuerzas armadas y la policía, y de ser expuesto a diversas presiones nacionales e internacionales.
Desde entonces se ha registrado una persecución constante contra dirigentes políticos y sindicales, y también contra periodistas y comunicadores.
La violencia contra periodistas y la prensa, se acrecienta. Es ineludible referirnos especialmente a la situación de los medios comunitarios, en muchos casos representativos de colectividades indígenas o de organizaciones de base que, al mantener su autonomía editorial, se están viendo lisa y llanamente atacados por autoridades estatales o paraestatales.”
Carta de la FIP: https://www.sipreba.org/sindicato/carta–abierta-de-la-fipla-fepalc-sipreba-fatpren-y-sobre-bolivia/
https://hrp.law.harvard.edu/press-releases/black-november-report/
