El boletín informativo de la Asociación de la Prensa de Almería informa que el diario ‘El Adelantado de Segovia’ a despedido a los trabajadores Juan Martín Misis, reportero gráfico, y Sergio Arribas Senín, redactor, con 23 y 20 años de antigüedad, respectivamente.
“La empresa alega motivos económicos para ambos ceses, pero lo cierto es que se producen después de que ambos fuesen candidatos a unas elecciones sindicales en la empresa por el sindicato UGT y, en el caso de Sergio Arribas Senín, de que se le hubiera apartado de la sección de política municipal, en la que llevaba trabajando los últimos quince años.
Los despidos les fueron notificados a ambos no con las mejores formas posibles, pues uno recibió la carta de despido durante sus vacaciones y el segundo el domingo por la noche, al concluir la jornada laboral, sin que tuvieran la posibilidad de despedirse de sus compañeros de plantilla ni de recoger sus enseres personales.
Sobre los motivos económicos que alega la empresa para justificar los despidos y por qué son estos empleados y no otros se pronunciará en su día, probablemente, el Juzgado de lo Social, aunque cabe presumir que enmascara una represalia hacia ambos trabajadores. No obstante, ambas asociaciones subrayan que con estos ceses aumenta la precariedad laboral del resto de la plantilla.
Con una reforma laboral que facilita el despido y puede llegar a disimular la mala gestión empresarial, cabe reseñar que no se explica que se prescinda en las redacciones de personal con experiencia, para sustituirlos por recién licenciados a los que se les aplica unas condiciones de trabajo precarias, a través de empresas interpuestas.
Precisamente en una situación de caída de ventas o pérdidas, como argumenta la empresa, lo primero que debe primar es la calidad del producto para que resulte atractivo para los lectores, aportada por profesionales con solvencia demostrada. Hay que tener en cuenta que no se trata de una industria cualquiera sino de un medio de comunicación que debe velar por el derecho de los ciudadanos a contar con una información veraz y por actuar con criterios de deontología profesional, a los que también se debe la empresa editora.
Los dos despedidos formaban parte de la redacción que, en su práctica totalidad, solicitó amparo a la APS en defensa del derecho constitucional que poseen los periodistas, la cláusula de conciencia, y a no firmar sus artículos ante lo que consideraron una manipulación por parte de la empresa editora.”
