Sin referirse expresamente a la propuesta hecha por el Consejo de Informativos de TVE que, la semana pasada, había sugerido un atajo para nombrar a las nuevas autoridades de la corporación soslayando, de momento, la ley aprobada por el Congreso que obliga a concurso público para esos nombramientos, dos expertos de Teledotados han publicado hoy un artículo en el que llaman al cumplimiento de la Ley 5/2017.
Con la firma de los conocidos especialistas Ángel García Castillejo y Rafael Díaz Arias en dicho artículo señalan que entienden que “para cualquier persona u organización que se reclame respetuosa o incluso defensora del marco constitucional, este sería un buen punto de partida para comenzar a reconstruir un modelo organizativo y de control de RTVE, que no es otro que el del reconocimiento expreso del tan manido ‘Estado de derecho’ y del ‘imperio de la ley’ frente al caos y la arbitrariedad antidemocrática”.
Tras describir la cronología legal de los hechos, los autores sostienen que “frente a la ilusión despertada por la aprobación de la Ley 5/2017, el Parlamento español se resiste de nuevo a acometer y poner en marcha la aplicación de la ley, incumpliendo sus obligaciones, ignorando la propia legalidad que él mismo aprobó por consenso general hace escasos meses. Desde luego una situación nada edificante desde un punto de vista democrático”.
Asimismo, dudan que “esta paradoja reviste una gravedad que se antoja insultante y que más bien pareciera un juego de trileros, por el que se nos presentó una apariencia de modificación legal, que por la desidia parlamentaria refuerza un modelo de elección de miembros del consejo de administración y de su presidente que se decía derogar, lo que constituiría un engaño a la ciudadanía y un riesgo añadido para la independencia, pluralidad, credibilidad y sostenibilidad de la radiotelevisión pública española”.
Culminan señalando que “ahora toca aprobar la normativa de elección del consejo de administración de la Corporación RTVE, y de su presidente y, en ese marco, establecer el régimen jurídico del comité de expertos y del concurso público para dicha elección.
Cabe esperar que todos los grupos parlamentarios cumplan ese mandato de la ley que apoyaron y aprobaron. Porque no se trata de un ruego o una posibilidad, sino de una exigencia legal y del respeto debido a los ciudadanos y sus instituciones democráticas”.
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