En torno a 100 medios comunitarios de más de 25 países europeos han celebrado en Montpellier, Francia, la 3ª Asamblea General Paneuropea de AMARC Europa, durante la cual se ha reivindicado un enfoque transversal e inclusivo de las radios comunitarias a todos los niveles.
Asimismo se ha renovado la directiva de AMARC Europa; en la cual se ha incorporado la periodistas madrileña Miriam Meda, miembro del Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), de larga trayectoria en medios comunitarios y en su organización en España.
La aszamblea ha denunciado que cinco años después de la Resolución del Parlamento Europeo del 25 de septiembre de 2008, que realizaba una llamada a los Estados miembros para apoyar activamente a los medios comunitarios con el fin de asegurar el pluralismo, y teniendo en cuenta también la última declaración de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre el Marco Legal de la Libertad de los Medios del 14 de mayo de 2013, que destaca la necesidad de un reconocimiento de los tres sectores de la comunicación, la situación en esta materia ha empeorado.
Las negligencias y/o intereses particulares de los gobiernos nacionales han permitido a los intereses comerciales apropiarse de las nuevas tecnologías, lo que ha supuesto un incremento en la concentración de los medios de comunicación y ha limitado la presencia de los medios sin ánimo de lucro. Por otro lado, la sobrerregulación ha causado el cierre de muchas radios comunitarias en Europa.
Los participantes en este evento han expresado su preocupación por las acciones de los gobiernos nacionales, que no respetan los estándares europeos en materia de libertad de expresión y pluralismo, y exigen a los gobiernos europeos que apliquen las recomendaciones y resoluciones realizadas tanto por las instituciones europeas como por las nacionales y referidas a la radiodifusión comunitaria.
El movimiento de radios comunitarias también es consciente de la importancia de la existencia de Consejos independientes reguladores, especialmente para garantizar que el salto desde las tecnologías analógicas a las digitales se convierta en una oportunidad para aumentar el pluralismo de la comunicación y evitar la concentración de los medios. La diversidad cultural y lingüística, así como la innovación tecnológica, son bienes públicos que necesitan apoyo: su distribución no debe ser limitada por meros intereses comerciales.
