El periodista gallego Luis Álvarez Pousa expone las razones por las cuales se debe regular el sistema comunicacional español.
Luis Álvarez Pousa
Siempre respeto y defiendo la libertad de pensamiento. Es algo básico en un sistema democrático de convivencia. Sin embargo, no puede ser sometido a argumentos que sean producto de una distorsión intencional de la realidad.
Esto me viene después de leer atentamente el comentario publicado hoy en “La Voz de Galicia” por el catedrático de Derecho Constitucional Roberto L. Blanco Valdés [miembro destacado de la Fundación que controla el negocio y la deriva editorial del diario en el que escribe y y hace coeditorialista).
No me considero sectario ni candidato a la hora de diferenciar entre lo accidental o circunstancial y la prioridad por lo esencial como es uno de los problemas más graves que padece nuestra democracia (y que el profesor y viejo amigo no ve por ningún lado). : el de un sistema mediático que perdió su norte hasta convertirse en aliado de los poderes para los cuales el derecho a la información (derecho fundamental tal como lo estipula la Carta de los Derechos Humanos y el artículo 20 de la Constitución) quedó subsumido en un simple derecho a la libertad empresarial. Por lo tanto, no hay más requisitos para los medios que los de hacer negocios. Negociando con información y… con la verdad. Como si los empresarios fueran dueños de un bien público llamado información, y por tanto tuvieran todo el derecho del mundo a hacer con él lo que quisieran. Y no. La información tiene constitucionalmente un único dueño: la ciudadanía.
Por eso, en tiempos de democracia y de grandes y nuevos desafíos en el diverso y accidentado campo de la comunicación, la regulación es esencial. Es precisamente a lo que se oponen los empresarios (y otros poderes políticos, corporativos, económicos…), que quieren seguir cogiendo la sartén por el mango, sin verse obligados a rendir cuentas de nada ni de nada.
En efecto, el sistema empresarial de los medios no es de fiar. Y el profesor Blanco Valdés haría bien en destripar no la propuesta normativa de Sánchez (su ‘bestia negra’ no viene hoy a cuento), tan necesaria como insuficiente, sino a todos aquellos que temen perder el poder que ostentan porque se lo han apropiado ilegalmente. el derecho que tenemos los ciudadanos a tener información veraz [un bien público, repito, no un bien privado]. Empezando por la empresa mediática de la que es fundador y comentarista/editorialista.
Una pregunta: ¿por qué en ninguna de las tres páginas que “La Voz de Galicia” dedicó al debate parlamentario sobre el ‘Plan de Acción para la Democracia’ se hacía referencia a la parte en la que Sànchez informaba (quedándose breve y con algo mal aprendido) del modelo de ¿El modelo de control casi absoluto que Feijóo ejerció sobre los medios de comunicación -públicos y privados- durante los 13 años que fue presidente de la Xunta? Por si alguien no lo recuerda, los invito a leer lo que escribí sobre ese largo y deprimente período en mi reciente libro «Medios y políticos, bajo sospecha (1990-2023)» (Ediciones Laiovento).
Mezclar churras con merinas (la regulación de un sector, el de la comunicación, a partir de la ley aprobada hace cuatro meses en el Parlamento Europeo, por un lado, y el ruido procesal que instrumentalizan PP y VOX contra la mujer de Sánchez, por otro) es absurdo. Puede dar carne a los hooligans contra el «sanchismo», y especialmente contra una normativa que amenaza la estabilidad del acorazado mediático que les da aliento. Pero ello es intelectual y argumentativamente bastardo. A menos que el comentarista pretenda precisamente privar de razón a lo que realmente importa (porque tiene consecuencias en la vida cotidiana y en la salud mental y democrática de los ciudadanos).
La de que ‘la mejor ley de prensa es la que no existe’ (que el profesor y comentarista traduce casualmente como ‘el mejor plan de acción en materia de libertad de información es que no haya plan de acción’ y en consecuencia que ‘sobran nuevas exigencias sobre la propiedad de los medios’) debe pasar a mejor vida. La autorregulación se ha convertido en una excusa de mal pagador. No funciona. Los códigos de ética no han salido del armario. Y hay que dar vida a lo que pretende garantizar el derecho a la información veraz, sin dejar nada al criterio directo de los gobiernos. La ley europea de medios de comunicación es, por primera vez, un buen punto de partida. Pero ahora es cada país miembro de la UE el que tiene que asumirlo y complementarlo.
Sánchez parece dispuesto a asumirlo pero, por lo que he oído, no parece que vaya a complementarlo mediante una propuesta de ley que contemple todo lo que singulariza como problema el sistema de comunicación/medios español (y gallego). Debemos exigirlo.
Luís Álvarez Pousa es periodista y profesor de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC.
https://temposdixital.gal/observatorio-de-medios/escaner/quen-teme-a-regulacion.html
