Greenpeace demanda ante los tribunales de los Países Bajos a Energy Transfer. Instan a los gobiernos europeos a trasponer ya la Directiva.
En el primer caso que pone a prueba la nueva legislación de la Unión Europea para proteger la libertad de expresión y detener las demandas abusivas, Greenpeace Internacional ha demandado a la empresa estadounidense de oleoductos, Energy Transfer, ante los tribunales de los Países Bajos. Al mismo tiempo, 40 organizaciones de quince países europeos instan a sus respectivos gobiernos a transponer la directiva europea “anti-SLAPP” al derecho nacional.
Esta empresa multimillonaria interpuso dos demandas SLAPP consecutivas contra Greenpeace Internacional y Greenpeace en Estados Unidos, tras mostrar su solidaridad con las protestas pacíficas lideradas por indígenas en 2016 contra el oleoducto Dakota Access. La primera demanda fue desestimada, pero las organizaciones de Greenpeace siguen defendiéndose contra la segunda, que está en curso, después de que un jurado de Dakota del Norte concediera recientemente más de 660 millones de dólares estadounidenses en daños y perjuicios a este gigante de los oleoductos.
Activistas de Greenpeace International y sus aliados se han manifestado frente al juzgado de Ámsterdam durante la primera vista procesal del caso, con una gran pancarta en la que se leía en inglés: “Energy Transfer, bienvenidos a la UE, donde la libertad de expresión sigue existiendo”.
La demanda es una prueba importante para la Directiva Anti-SLAPP de la Unión Europea, adoptada en abril de 2024 [2]. La Directiva está diseñada para proteger a periodistas, activistas, organizaciones de la sociedad civil o cualquier otra persona que se pronuncie sobre asuntos de interés público, de las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), es decir, demandas intimidatorias infundadas presentadas por poderosas empresas o personas adineradas que buscan suprimir el debate público.
