La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), entre cuyos fundadores está la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), ha pedido hoy a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que regulen por ley la protección de quienes filtran documentos o información sobre asuntos que son de interés público, para evitar que esas personas puedan ser sancionadas o incluso condenadas penalmente.
El Congreso, a propuesta de Ciudadanos, tramita actualmente una proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, que se encuentra en la Comisión Constitucional en plazo para presentar enmiendas. Ese texto no incluye una protección para las filtraciones, por lo que la PDLI ha solicitado a los grupos parlamentarios que incluyan en esa futura norma las recomendaciones que hace unas semanas aprobó el Parlamento Europeo sobre las «medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos».
El Parlamento Europeo ha instado a los Estados miembros, entre otras cuestiones, a que “adopten todas las medidas necesarias para proteger la confidencialidad de las fuentes de información, a fin de evitar actuaciones discriminatorias o amenazas”.
La PDLI recuerda que, en España, tanto los denunciantes que revelen información de interés público mediante la filtración de documentos como los periodistas y los medios que trabajen con ese material se enfrentan a serias amenazas legales, sobre todo tras la última reforma del Código Penal.
Entre otras medidas, la PDLI reclama que se garantice el anonimato del informante; que cualquier persona pueda ser considerada como denunciante y no solo las vinculadas a la Administración Pública; que las irregularidades sobre las que se alerte puedan ser también de empresas privadas, y que la obtención de la información protegida incluya, con las cautelas necesarias, el acceso a sistemas o dispositivos. Esto obligaría a modificar la legislación vigente, para que la Fiscalía no pueda acusar del delito de revelación de secretos cuando la información obtenida y difundida pueda ser fundamental para perseguir delitos graves de corrupción; también habría que modificar, según la PDLI, el Código Penal en lo relativo a los delitos informáticos.
La PDLI ha registrado estas peticiones en el Congreso tras conocerse los llamados Papeles del Paraíso, una investigación periodística que se sustenta en la filtración de 13,4 millones de documentos procedentes de dos despachos de abogados especializados en servicios offshore [facilitar operaciones financieras en paraísos fiscales, para ocultar patrimonio y no pagar impuestos] y de registros mercantiles de 19 jurisdicciones opacas. Este trabajo lo ha llevado a cabo el Consorcio Internacional de Periodistas, que agrupa a 380 profesionales de 67 países, entre ellos de El Confidencial.com y La Sexta.
El escrito dirigido a los grupos parlamentarios lo han registrado esta mañana en el Congreso Yolanda Quintana, secretaria general de la PDLI, y Stèphane M. Grueso, de la Junta Directiva, acompañados por el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel.
Más información:
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2017, sobre las medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos(2016/2224(INI))
Carta presentada en el Registro del Congreso de los Diputados
