«Gràcies i fins sempre a tota la gent del País Valencià». Con estas palabras, Catalunya Ràdio se ha despedido de sus oyentes. La Junta Directiva de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha tenido que acatar el cierre «inmediato» de las emisiones de Catalunya Ràdio y Catalunya Informació en la Comunidad Valenciana, tras la decisión del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de incoarle un expediente que podría acabar con dos multas de hasta un millón de euros por dos infracciones de la Ley General de Telecomunicaciones, según ha informado la entidad en un comunicado.
ACPV ha encargado a su servicio jurídico el estudio y preparación del escrito de alegaciones ante el expediente incoado y el anuncio de las dos posibles multas. La entidad ha explicado que el pasado viernes la asociación recibió una notificación del Ministerio en la que comunicaba la apertura de un expediente sancionador por dos «supuestas infracciones» en relación con las emisiones de Catalunya Ràdio y Catalunya Información por la instalación de estaciones radioeléctricas sin autorización y la utilización de frecuencias radioeléctricas sin autorización, cada una con una posible multa de gasta 500.000 euros, de acuerdo con la notificación.
El Ministerio requiere a ACPV que adopte las medidas necesarias para el inmediato y efectivo cese de las emisiones; con la advertencia de que, en caso de incumplimiento de lo requerido, la administración actuante «procederá al precintado de los equipos y aparatos que forman parte de la red de difusión». El Gobierno fija un plazo de un mes para presentar las alegaciones que la entidad considere oportuna ante el órgano competente.
En el escrito se acuerda incoar el expediente, nombrar instructor y requerir a ACPV a que adopte las medidas necesarias para el cese de las emisiones «con la advertencia de que, en caso de incumplimiento de los requerido, la administración actuante procederá al precintado de los equipos y aparatos que formen parte de la difusión».
Las infracciones administrativas atribuidas se califican como graves y pueden sancionarse cada una con multas de hasta 500.00 euros, de acuerdo con el pliego de cargos formulado por el instructor del expediente.
La Unió de Periodistes Valencians (UPV) ha rechazado el cierre y denuncia que el Gobierno de España «vuelve a atentar contra la libertad de información de nuestros ciudadanos, que han recibido la programación de la radio pública catalana por diferentes diales del territorio valenciano».
