45 organizaciones de ocho países europeos y organizaciones internaciaonales como la Federación Internacional de Periodistas y su filial la Federación Europea de Periodistas -a las que pertenece la FeSP- han iniciado una campaña para sensibilizar a las autoridades europeas sobre los riegos de la normativa propuesta sobre el secreto de las decisiones estratégicas de las grandes corporaciones.
En noviembre de 2013, la Comisión Europea publicó su proyecto de directiva relativa a la “protección de los secretos comerciales y contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas”.
Este proyecto, cuyo examen se iniciará en el Parlamento europeo en el próximo mes de mayo y que se llevará al plenario el 8 de septiembre, amenaza los derechos fundamentales y da un trato preferencial a los beneficios de las multinacionales con respecto a los intereses sociales, medioambientales y democráticos.
El objetivo de la directiva es alcanzar una definición común del concepto de secreto comercial para asegurar la competitividad de las actividades europeas y de los organismos de investigación y asegurar el secreto de las mismas.
Esta directiva es considerada peligrosa por las organizaciones firmantes por múltiples razones y afecta de formam directa y primera los derechos a la libertad de expresión y de información de la ciudadanía.
No se prevé en el texto ninguna excepción general para proteger la tarea de los periodistas de investigación, de las organizaciones de la sociedad civil o incluso de los denunciantes, cuando el trabajo de estos es indispensable en una democracia moderna digna de ese nombre.
El proyecto prevee que la infracción al secreto comercial se produciría en el momento en que se obtienen estas informaciones, sea cual sea la divulgación de esa información que se realice.
Es decir, que los ciudadanos europeas no podrán tener acceso a decisiones estratégicas de las empresas, aunque estas pueden afectar derechos fundamentales, en particular los datos sobre la salud pública, que se consiguen habitualmente por los ensayos clínicos que organizan los laboratorios farmacéuticos, así como las cruciales informaciones relativas a la seguridad alimentaria, o la protección del medioambiente y de la salud de los consumidores con respecto a los productos químicos, también se considerarían en su totalidad como secretos y por consiguiente se sustraen a toda transparencia.
Por último, la directiva europea proyectada establece, en caso de procedimiento ante los tribunales civiles o penales, una restricción al acceso de los expedientes o a las audiencias antes, durante o después de la demanda para proteger el secreto comercial. Se trata pues de un grave cuestionamiento de la igualdad ante la ley, pues el conjunto de las partes no tiene acceso al expediente, y a la libertad de información.
La fuerte oposición de las organizaciones ciudadanas y sindicales han conseguido que el Gobierno francés, tras haber intentado anticipar la adopción de la directiva, se haya visto obligado a retroceder frente a la movilización y a reconocer que el secreto comercial amenazaba la libertad de expresión dentro y fuera de la empresa.
Los firmantes de la demanda señalan “¿porqué lo que es cierto en Francia no lo va a ser en el resto de Europa? Hacemos un llamamiento a los diputados y gobiernos europeos para que revisen sus planteamientos.
¡Paremos las amenazas contra la transparencia y la democracia que están en esta directiva europea sobre los secretos comerciales!”
Para sumarse a la demanda: www.stoptradesecrets.eu
