La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) -entre cuyos fundadores está la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)- considera «de extrema gravedad» que el rapero mallorquín José Miguel Arenas, conocido como Valtonyc, deba ingresar en prisión los próximos días para cumplir la condena de tres años y seis meses de cárcel que le ha sido impuesta por el contenido de las letras de sus canciones.
La PDLI ha hecho un llamamiento urgente para que juristas, ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil expresen su rechazo a la entrada en prisión del rapero. Para ello, ha elaborado un Manifiesto en defensa de la libertad de expresión y creación y el derecho a la protesta, y pide que sea firmado. Ese documento ha sido redactado siguiendo los cánones internacionales que rigen en esta materia y la jurispriudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
La Audiencia Nacional condenó a Valtonic, en febrero de 2017, por calumnias e injurias graves contra la Corona, enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas y amenazas al presidente de la Fundación Círculo Balear. El 18 de mayo último, en un concierto, Valtonyc animó a atentar contra guardias civiles y a poner una bomba al fiscal. La PDLI ha aclarado en una nota que su opinión en este caso y el manifiesto se refieren exclusivamente a los hechos por los que fue condenado hace un año.
Según la PDLI, esta condena «constituye una clara vulneración de los derechos fundamentales y es contraria a los principios internacionales sobre libertad de expresión a los que España está sujeta». También recuerda que, en innumerables ocasiones, «organismos como la ONU y la OSCE, así como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han establecido cómo deben fijarse los límites a la libertad de expresión: de manera restrictiva (con la menor intervención posible) y proporcional, y siempre vinculados a la intencionalidad de los mensajes y al riesgo que puedan suponer para las personas».
La PDLI ha recordado que el Parlamento, a propuesta del Gobierno, aprobó en 2015 una reforma del Código Penal»que ha sido rechazada incluso por los relatores de la ONU por la ambigüedad y generalidad de su redacción, permitiendo acusaciones –como en este caso- desproporcionadas».
«Al margen de la opinión que cada persona pueda tener de las letras del artista mallorquín, la PDLI considera que una sociedad democrática no puede permanecer impasible ante este ataque a un derecho esencial e irrenunciable como es la libertad de expresión».
En el manifiesto se insta al Parlamento a reformar el Código Penal «para adaptarlo a los estándares internacionales de Derechos Humanos»; se pide al Gobierno que las actuaciones del Ministerio del Interior se desarrollen en el marco de esos estándares, «absteniéndose de perseguir contenidos culturales o mensajes en redes sociales carentes de peligrosidad», y al Poder Judicial que interprete las leyes españolas de acuerdo con los textos internacionales sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia del TEDH.
La PDLI va a llevar este caso a la ONU, la OSCE, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, entre otros organismos, para que insten a los poderes públicos españoles a rectificar en materia de libertad de expresión.
