El eurodiputado Pablo Iglesias, líder del partido político «Podemos», ha provocado la polémica al manifestar que los poderes públicos deberían regular los medios de comunicación. La agencia Europa Press ha difundido esas afirmaciones, que están incluidas en un libro escrito por el periodista Jacobo Rivero titulado «Conversación con Pablo Iglesias».
Iglesias manifiesta que es partidario de una regulación de los medios de comunicación desde el poder público, con el fin de «garantizar la libertad de prensa, sin condicionantes de las empresas privadas o la voluntad de partidos políticos».
«Los medios de comunicación, por lo menos una parte, tienen que tener mecanismos de control público», asegura el eurodiputado. “La sociedad civil tiene que verse reflejada con independencia y veracidad en los medios de comunicación», añade. Ese mecanismo público de control “no tiene que ser necesariamente institucional, en el sentido de ser corriente de transmisión de las estructuras que gestionan la administración».
Al ser preguntado por las coincidencias de su propuesta con la vigente Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador en cuanto a una regulación desde el poder público, Iglesias manifiesta: «Si el derecho a la información es un derecho democrático, la concentración de la propiedad es incompatible con ese derecho».
La ley ecuatoriana, calificada de «ley mordaza» por buena parte de la prensa española, ha sido respaldada por organizaciones como Reporteros sin Fronteras y muy bien valorada por Frank La Rue, relator especial de Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección a la libertad de Opinión y de Expresión.
El líder de «Podemos» sostiene que «la gestión de la información no puede depender únicamente de hombres de negocios y de su voluntad por permitir la libertad de expresión», «No puede ser que algo tan importante, y de interés público, imprescindible para la democracia, como son los medios de comunicación esté solo en manos de multimillonarios», añade, además de afirmar que en esos medios existe una «voluntad política» de desprestigiar la información pública.”
Asegura que no es verdad que los medios de comunicación privados ofrezcan productos de mayor calidad o éxito que los públicos. «El problema de la privatización de los medios es que la lógica de funcionamiento es el beneficio, no el interés social ni la calidad ni la utilidad social», explica.
Conviene recordar que la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y los demás sindicatos, colegios de periodistas y asociaciones que integran el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) presentaron en 2004 a los grupos parlamentarios una propuesta de Estatuto del Periodista Profesional, para regular el derecho a la información y la profesión periodística, que fue registrado en la Cámara Baja por Izquierda Unida. Fue admitido a trámite con la única oposición del PP, y se celebraron comparecencias de especialistas en la comisión correspondiente, pero finalmente no llegó a ser debatido en el Pleno por falta de voluntad política del PSOE para hacerlo, a pesar de las promesas que había hecho Zapatero cuando estaba en la oposición.
Posteriormente, en 2010, el FOP modificó ese texto y lo transformó en una propuesta de Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía (LOGDIC), que también fue presentado a los grupos parlamentarios sin que lo hayan tramitado.
Con esas iniciativas, las organizaciones sindicales y profesionales del FOP pretendían que en España se regule por ley -como ocurre en casi toda Europa, en Latinoamérica y en otros muchos países del mundo- el derecho a la información de la ciudadanía y los derechos y deberes de los periodistas, estableciendo los mecanismos de control democrático necesarios para garantizar que los medios de comunicación públicos ofrecen una información veraz, plural e independiente.
La FeSP también ha defendido siempre la necesidad de unas radios y televisiones públicas bien gestionadas, sin intrusismo de los gobiernos de turno y que ofrezcan una información veraz y plural, como garantiza la Constitución.
