La Dirección General de Medios de Comunicación (DGMC) de la Generalitat catalana ha sometido a consulta pública un primer borrador del proyecto de decreto destinado a regular los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro en Cataluña.
El período para recoger las opiniones y el posicionamiento del sector de la comunicación finaliza el próximo 31 de julio; es decir que, una vez más se apela a los meses de menor actividad de las organizaciones del Tercer Sector de la Comunicación para fraguar un proyecto que necesita de un debate muy amplio. Aunque el pasado febrero, la misma DGMC formuló una consulta pública previa a la elaboración del texto para recoger opiniones de la ciudadanía y del sector afectado.
En este borrador se considera que los medios comunitarios son entidades privada sin ánimo de lucro que prestan«los servicios destinados a dar respuesta a las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de las comunidades y los grupos sociales a los que dan cobertura, así como fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo «.
En realidad, salvo la intención expresada de superar la situación actual de alegalidad, este borrador no aporta gran cosa para superar la marginalidad que el Estado español y la propia administración catalana parece que consideran que debe padecer este sector de la comunicación.
Así, por ejemplo, aunque se reconoce la calidad de entidad privada de la asociación, fundación, cooperativa de iniciativa social o cualquier otra entidad sin ánimo de lucro, se sigue ahogando tanto su forma de financiación al limitar las inserciones publicitaria a las “contribuciones en concepto de patrocinio cultural de entidades que integren la economía social y del tercer sector o para la promoción en el ámbito de la responsabilidad social corporativa”.
Por otro lado, para asegurarse que los medios comunitarios no puedan romper el techo marcado por la concentración de los medios comerciales ni puedan contribuir a la pluralidad informativa, se propone que “los gastos de explotación anuales” de estas entidades no podrán superar los 100.000 euros en el caso de las televisiones, y los 50.000 en el de las radios; aunque deberán “acreditar el pago de derechos, cánones o tasas que deriven de su actividad”.
Es decir que nacerían ahogadas económicamente y castradas en su posibilidad de crecer tecnológicamente o con la contratación de profesionales.
Como era de prever, nada se dice de la existencia de un espacio radioeléctrico parcelado con un mínimo de 1/3 para este sector como se ha fijado en otros países; pero se abre la posibilidad de un Consejo de la Comunicación Audiovisual Comunitaria sin Ánimo de Lucro. Este se presenta como un “órgano colegiado de participación ciudadana y de consulta” en la materia, que se reuniría con carácter ordinario dos veces al año y que tiene toda la pinta de ser un “asesor” depositario de inquietudes y ninguna capacidad de resolución.
Salvo detalles; para este viaje no hacían falta alforjas…
