El Sindicat de Periodistas de les Illes Balears en un comunicado emitido hoy señala que “IB3 será una radio y televisión privada financiada con millones de euros públicos si se aprueba la Ley Audiovisual balear tal y cómo prevé el Gobierno. El argumento principal para aprobar la ley es la creación de la Baleares Film Comission, un organismo necesario según el sector audiovisual y con el cual el SPIB está de acuerdo pero que el Gobierno ha convertido en la excusa para privatizar IB3.
¿Cómo lo hace? A través de una disposición adicional única incluida en la Ley Audiovisual que modifica la letra y el espíritu de la Ley de IB3 que fue aprobada con consenso parlamentario en la anterior legislatura.
La ley se carga el significado de la función de servicio público de IB3 y cierra la puerta, con difícil marcha atrás, a unos servicios informativos elaborados por profesionales de la información con relación laboral que formen parte del personal propio del ente.
El Gobierno, el director general de IB3 y el resto de directivos de la radio y televisión públicas se seguirán lavando las manos ante despidos, bajadas de sueldos, denuncias de censura, enchufismo, etc. Están preparando la excusa legal para no asumir ningún tipo de responsabilidad en la gestión de IB3. Eso sí, seguirán colgándose medallas si sube la audiencia, seguirán poniendo dineros públicos por saldar la deuda de la mala gestión y seguirán mirando hacia otro lado cuando las empresas despidan a los trabajadores.
Ayer mismo, el consejero de Presidencia se reunió con algunos representantes del sector audiovisual pero no convocó a Mesa Audiovisual de la cual el SPIB es miembro. La creación de la Baleares Film Comission parece que fue el único tema de la reunión. Pero para crear la Baleares Film Comission no necesitamos que hundan definitivamente IB3 entregando la radio y la televisión públicas a las empresas privadas y al Gobierno de turno, obviando su misión de servicio público.
Y este parece ser el principal objetivo de la consejería de Presidencia que ha sido incapaz de concretar cuántos dineros pondrá a la Baleares Film Comisión y que se niega a sacar del texto de la Ley Audiovisual las referencias a IB3.”
Por otro lado el sindicato también ha hecho público que estudia poner en manos de sus servicios jurídicos las denuncias de purga ideológica que se han hecho por los despidos a los informativos de IB3.
Entre los 16 trabajadores de CBM despedidos hay varios periodistas que habían tenido cargos de responsabilidad hasta la entrada de José Ramón Bauzá al Gobierno. Todos son profesionales con experiencia y que han demostrado su solvencia. Además, la oleada de despidos ha afectado sobre todo IB3 Radio, que queda condenada a la marginalidad.
Tras esos despidos, el Gobierno acordó destinar a IB3 doce millones de euros más para pagar el déficit del año pasado. Este déficit demuestra cuál es el problema de IB3: una gestión ineficaz y partidista que acaba agujereando los bolsillos de todos los ciudadanos.
