La defensa legal de Julian Assange, que coordina el juez español Baltasar Garzón, ha realizado una petición urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que esta solicite a la administración Trump que comunique oficialmente los cargos que tenga contra Assange y que, a día de hoy, se desconocen.
Asimismo, pide a la CIDH que intervenga para que el Gobierno de Ecuador abandone su espionaje contra Assange, termine con su aislamiento, y que no acepte su extradición a Estados Unidos. Los abogados entienden que esta se sustenta en una mera persecución política, que fue reconocida al concedérsele el asilo político, en agosto de 2012.
Fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos han confirmado a la agencia Associated Press y al diario “New York Times” está acusado bajo cargos secretos.
Según la petición presentada, los fiscales federales estadounidenses han contactado con personas de la propia Estados Unidos, Alemania e Islandia y las ha presionado para que testifiquen en contra de Assange a cambio de inmunidad en el proceso.
