Veintiséis organizaciones, entre ellas la FeSP, recuerdan que eso debilita el Estado de derecho y es contrario a los compromisos internacionales de España.
Veintiséis organizaciones de distintos ámbitos de la sociedad civil, entre ellas la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), han pedido al Partido Popular de las Islas Baleares que retire del Parlamento autonómico la proposición de ley que ha registrado para eliminar la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción.
Han firmado una declaración conjunta en la que recuerdan que la corrupción «sigue siendo una importante preocupación en múltiples ámbitos del espacio público y privado y es una de las principales prioridades de la Unión Europea en estos momentos». Buena prueba de la preocupación existente en el Parlamento Europeo y la Comisión son el paquete de medidas anticorrupción y la propuesta de Directiva sobre la lucha contra la corrupción actualmente en trámite.
Las organizaciones firmantes de la declaración afirman que eliminar las Oficinas de Prevención y Lucha contra la Corrupción a nivel autonómico es una medida que debilita el Estado de derecho y «es contraria a los compromisos asumidos por todos los Estados parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), que establece en su artículo 6 la obligación de otorgar a los órganos nacionales y subnacionales anticorrupción la independencia y recursos necesarios para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida». También es una decisión contraria a las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible y a la política anticorrupción de la Unión Europea.
Subrayan en el escrito que España tiene en el ámbito autonómico «una posición considerablemente avanzada y muy por encima de otros Estados miembros en medidas anticorrupción, gracias a la existencia de oficinas y agencias independientes con funciones de prevención e investigación de la corrupción y de protección a las personas informantes».
Tras expresar su preocupación por la voluntad de cierre de estructuras e instancias de prevención y lucha contra la corrupción, las organizaciones firmantes piden, entre otras cosas, lo siguiente:
–Que se retire, o eventualmente se rechace, la proposición de ley registrada por el PP el día 9 de octubre que pretende la eliminación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción.
–Que se promueva y garantice la participación de la sociedad civil en todo proceso de adopción y debate de medidas y políticas para la prevención y la lucha contra la corrupción y la protección de informantes.
–Que garantice la independencia de los organismos autonómicos de prevención y lucha contra la corrupción y se les asignen suficientes recursos humanos, financieros y tecnológicos para garantizar el ejercicio de sus funciones.
El PP balear ha justificado su propuesta de eliminar esa oficina en el elevado coste y en que ha sido utilizada para atacar al Partido Popular y servir a los intereses del PSOE. Propone que sus funciones las asuma un nuevo registro de actividades, intereses renta y patrimonio de los cargos públicos. Ha negado que esta iniciativa esté relacionada con el hecho de que, unos días antes de presentarla, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción ha acusado al actual director de Emergencias del Gobierno autonómico, Sebastià Sureda Mas, de encabezar una presunta trama de corrupción urbanística como concejal en la localidad de Campos, en la que también estarían implicadas al menos otras cinco personas.
La declaración conjunta la han promovido Transparencia Internacional España, Fundación Hay Derecho, Political Watch, Access Info Europe y +Democracia. Se han adherido, además de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Xnet, Acción Cívica, Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM), Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), Consumidores y Usuarios de las Islas Baleares (Consubal), Escuela Balear de Consumo y Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, entre otras organizaciones.
