La Organizacions para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha pedido a la Interpol que «considere cuidadosamente» las peticiones de arresto tramitadas por Turquía, especialmente contra periodistas, y ha advertido de que este organismo policial no debe permitir que se le use para «reprimir la libertad de expresión». Este pronunciamiento coincide con la detención es España de dos escritores de origen turco, pero uno alemán y el otro sueco, a petición del gobierno de ese país.
Harlem Désir, responsable de libertad de medios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), se ha referido expresamente a estos dos casos, aunque uno de ellos, Dogan Akhanli, con nacionalidad alemana, por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, ya fue liberado en Granada, ciudad donde había sido detenido dos días antes. El otro, el periodista y escritor Hamza Yalçin, arrestado en el aeropuerto del Prat (Barcelona) el pasado 3 de agosto, sigue encarcelado en el centro penitenciario de Can Brians. Désir, en un comunicado, ha afirmado que «Interpol debe considerar cuidadosamente cada caso que implique a individuos, especialmente a periodistas, involucrados activamente en el debate público en Turquía, antes de decidir ninguna acción más». El responsable de la OSCE sobre la libertad en los medios añade que «ningún Estado puede abusar de Interpol para restringir la libertad de expresión».
Esta tesis es compartida por un gran número de organizaciones –entre ellas la FeSP– en el sentido que España no puede convertirse en cómplice del régimen de Ankara y debe liberar lo antes posible a Hamza Yalçin. Estas entidades han lamentado la decisión de las autoridades judiciales españolas de denegar la libertad a Yalçin con la excusa que no tiene arraigo en España. Hamza dispone de nacionalidad sueca y tiene desde hace años residencia y arraigo en Europa. Entregarlo a Turquía sería colaborar con la represión desatada por el presidente Recep Tayyip Erdogan.
Désir también se refirió en su nota de hoy a Hamza Yalçin, el periodista sueco detenido en Barcelona el pasado 3 de agosto, acusado por la Justicia turca de dirigir desde el extranjero un grupo terrorista. En este sentido, el responsable de la OSCE mostró su esperanza de que la Justicia española anule pronto la orden de arresto.
Las entidades de apoyo a Hamza Yalçin confiaban en que esta semana fuera puesto en libertad. La denegación de la petición ha provocado un gran malestar en estas organizaciones, como ha sido notorio en las redes sociales en los últimos días. Por ello, la campaña que mantienen para conseguir su liberación va a seguir adelante en los próximos días con el objetivo principal que el periodista y escritor sueco de origen turco no sea extraditado a Turquía.
El Consejo de Europa
En este sentido debe recordarse la resolución que la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa adoptó el pasado 26 de abril en la que pone en cuestión la práctica recurrente de algunos países de apelar a Interpol en la persecución y detención de personas críticas con la actuación de sus respectivos gobiernos. Así, el Consejo de Europa recuerda que el organismo policial internacional debe actuar «en el espíritu de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 3 prohíbe estrictamente toda intervención o actividad de carácter político, militar, religioso o racista. Sin embargo, en algunos casos, en los últimos años, algunos Estados Miembros han utilizado abusivamente a Interpol y su sistema de Notificación Roja para perseguir objetivos políticos, a fin de reprimir la libertad de expresión o perseguir a miembros de la oposición política más allá de sus fronteras».
La resolución constata también que «los avisos rojos tienen un grave impacto negativo en los derechos humanos de las personas objeto de la acción, incluidos los derechos a la libertad y a la seguridad y el derecho a un juicio justo. Por tanto, los Avisos Rojos deben ser solicitados por las Oficinas Centrales Nacionales (BCN) y distribuidos por la Interpol sólo cuando existan motivos graves de sospecha contra la persona objeto de la investigación. Estos motivos deben ser verificados siguiendo procedimientos diseñados para minimizar la posibilidad de abuso, sin obstaculizar la cooperación policial internacional en la gran mayoría de los casos legítimos».
El Consejo de Europa –institución de la cual España forma parte– critica por lo tanto la utilización política de Interpol por parte de algunos gobiernos, como sucede en este caso con Hamza Yalçin. Atendiendo a los argumentos esgrimidos en esta resolución todavía se hace más preocupante que el escritor turcosueco no haya sido puesto ya en libertad.
