En muchos medios causo perplejidad el tratamiento que los medios del grupo Prisa concedieron, días atrás, a la presencia del presidente de México, Enrique Peña Nieto. El propio primer ejecutivo del grupo, Juan Luis Cebrián, lo presentó en el evento del Teatro Real diciendo de él que “se ha convertido en un líder global latinoamericano que concita gran atención en los círculos intelectuales de todo el mundo”. Una adjetivación, por lo menos, exagerada cuando se habla de un mandatario polémico y que en el ámbito de las comunicaciones es tildado de “títere de Televisa” la poderosa cadena internacional.
Es precisamente en ese ámbito donde se pueden hallar las razones de tanto elogios, dado que Peña Nieto amenaza con una nueva ley de comunicación para su país que prevé la concesión de dos canales de televisión en abierto; a lo que, según los informantes, Prisa aspira. Nada se ha dicho en los medios de Prisa que esa propuesta de reforma ha recibido el rechazo de investigadores, organizaciones internacionales, ciudadanos y activistas digitales, particularmente en lo referente a la protección de una de las empresas monopólicas en el sector de la radiodifusión, la libertad y la neutralidad en internet, libertad de expresión y respeto a la privacidad de los usuarios en México así como reacciones en las redes sociales y movilizaciones en las calles.
Según estos actores el gobierno de Peña Nieto “pretende introducir una serie de reformas a la Ley de Telecomunicaciones en México que permitiría una serie de abusos a la libertad de expresión, neutralidad en la red y la libertad de comunicaciones en el país.” Entre otras medidas abusivas propone “la vigilancia y la localización en tiempo real de una persona por geolocalización de su dispositivo móvil”; además permitiría que los proveedores de acceso a internet tengan sus propios criterios de gestión de tráfico en sus redes.
De aprobarse la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, el gobierno tendrá potestad para ordenar a los concesionarios a bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares públicos con la excusa de «seguridad nacional»; por ejemplo, a bloquear la cobertura celular en una zona particular para evitar la comunicación entre personas durante marchas o protestas.
