“La estrategia de seguridad nacional incluirá a partir de ahora un apartado para hacer frente a las fake news [noticias falsas] y el Gobierno pretende citar a editores de prensa en la Comisión de Defensa del Congreso para que la desinformación no contamine procesos electorales, especialmente en Catalunya”. Así informa el digital eldiario.es de las intenciones anunciadas por los ministros Íñigo Méndez de Vigo y María Dolores de Cospedal.
El primero, señala este medio, “aseguró este viernes tras la reunión del gabinete que el Gobierno ha puesto ‘énfasis en el espacio de la ciberseguridad’ y el esfuerzo a realizar ‘para que estas elecciones se hagan con arreglo a la legislación y no como aquella farsa del 1 de octubre […] y que en ellas no haya interferencias del tipo informático. Unas elecciones en las que el pueblo catalán se exprese con libertad’.
La ministra de Defensa aprovechó el jueves su intervención en un acto en el diario La Razón para referirse a la preocupación del Gobierno “por que ‘la guerra de la información’ pueda repetirse en Catalunya durante las próximas semanas. Y se explicó: ‘Nos encontramos con una estrategia que afecta de lleno a nuestros intereses nacionales, y sobre la que tenemos que estar muy vigilantes para que no se repita durante la campaña electoral que comienza la semana que viene. O al menos, para que no nos coja desprevenidos’.”
María Dolores de Cospedal anunció que va a proponer a la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados crear un grupo de trabajo de diputados y de editores de los principales medios de comunicación, para que «juntos estudiemos a fondo la amenaza de la desinformación contra nuestra democracia y busquemos soluciones a la altura de este gran desafío».
Este anuncio de la ministra de Defensa ha coincidido con la propuesta del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, de estudiar la manera de acabar con el anonimato en Internet. La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) rechaza esta posibilidad, porque afecta a un derecho constitucional que sólo podría ser limitado por los jueces y tribunales.
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