La desaparición de los compañeros Julio A.Parrado y José Couso, muertos en la injusticable guerra contra Irak, viene a poner de relieve de forma palpable ante la opinión pública la situación de precariedad en la que se encuentran los trabajadores de la información. A pesar de la inegable importancia de los hechos que cubrían y la labor de responsabilidad que realizaban para sus respectivas empresas desde hace años, la situación laboral de ambos no era la que les correspondía:
Julio A. Parrado estaba en excedencia en su empresa y colaboraba con el corresponsal de su periódico en Nueva York, por lo que percibía unas cantidades fijas más las dietas adicionales y los gastos que tenía para llevar a cabo ese trabajo; a pesar de no pertenecer a la plantilla de EL MUNDO (había solicitado el reingreso, pero aún estaba en excedencia), le han permitido que fuera como enviado especial a una guerra.
José Couso trabajaba como «autónomo» para Tele 5: la cámara con la que ha filmado el horror de esta guerra era suya y él era su propia empresa; esa cadena de televisión contrató sus servicios y renovaba periódicamente ese contrato, pero no lo tenía entre sus trabajadores de plantilla (sólo dos cámaras de Tele 5 pertenecen a la plantilla, los demás eran contratados como José Couso).
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) vuelve a denunciar, como ya llevan diez años haciéndolo los sindicatos de periodistas, que así es como trabajan alrededor del 47% de los informadores en España y si gran parte de la opinión pública lo desconoce es por la cortina de silencio que los propios medios extienden sobre nuestras reivindicaciones.
Sin embargo, los políticos españoles sí lo saben. Existe un proyecto de Ley de Regulación Laboral de los Periodistas, elaborado por el Foro de Organizaciones de Periodistas, que está en manos, desde hace meses, de todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados. Desde la FeSP instamos a estos políticos a que cumplan con su labor y legislen en defensa de los derechos de los periodistas que, en definitiva, son los derechos de los ciudadanos a recibir información. Así se comprometieron el pasado mes de febrero la casi totalidad de grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados ante la delegación del FOP con la que se reunieron. Es lo mejor que pueden hacer en memoria de nuestros compañeros muertos.
