Instan a que la reforma de la Ley Mordaza, se concrete antes de su 10ºl aniversario en julio y que se cumpla con los estándares de DDHH.
Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Amnistía Internacional, Defender A Quien Defiende, Greenpeace, Irídia, Legal Sol, No Somos Delito, Novact, CGT, Rights International Spain y Red Acoge, instan a que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, se concrete antes del 10º aniversario de su entrada en vigor en julio y que el nuevo texto cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.
“Las autoridades deben garantizar el derecho a la protesta sin temor a represalias ni criminalización. No es una cuestión partidista, sino una obligación en materia de derechos humanos”, han declarado las organizaciones citadas.
El pasado 28 de marzo en un acto de protesta en Madrid contra la Ley Mordaza y en contra de los controles policiales discriminatorios se ha leido el manifiesto “Parad el racismo y no a las personas”, respaldado por más de 260 organizaciones.
Las organizaciones exigen que la reforma contemple los siguientes asuntos clave:
- Prohibición expresa del perfilamiento racial en las identificaciones y registros policiales. Se debe establecer el uso de formularios de parada que recojan datos desagregados, razones objetivas y resultados de las identificaciones, garantizando su publicación y transparencia.
- Eliminación del rechazo en frontera. Debe garantizarse en cualquier caso, el acceso a vías legales y seguras de protección internacional, asistencia letrada y evaluación individualizada de los casos.
- Modificación de las infracciones más lesivas para la protesta, como los artículos 36.6 y 37.4, evitando su interpretación arbitraria por parte de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
- Supresión del artículo 36.23, que sanciona el uso de imágenes de los agentes durante sus intervenciones policiales, limitando de esta forma la documentación de abusos y la libertad de información por parte de periodistas y ciudadanía.
- Regulación transparente del uso de material antidisturbios, con la participación de expertos y la sociedad civil, garantizando mecanismos de trazabilidad y control efectivo, así como de rendición de cuentas.
