El Partido Popular ha introducido una enmienda en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se establece que al detener a una persona se deben adoptar «las medidas necesarias» para asegurar que se respetan sus derechos constitucionales al honor, la imagen e intimidad personal tanto en ese momento como en los traslados posteriores.
Esa enmienda solo ha sido apoyada por CiU en la Comisión de Justicia del Congreso. Los demás partidos la han criticado y rechazado, porque consideran que el PP la plantea para evitar que los ciudadanos puedan ver imágenes como la de Rodrigo Rato en el momento en que era detenido e introducido en un coche policial, el pasado 16 de abril. Además, la legislación actual ya prevé que las detenciones se llevarán a cabo de la manera «que menos perjudique al detenido», por lo que la enmienda era innecesaria.
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) expresa su rechazo a esta propuesta, porque limitará tanto el trabajo de los fotógrafos y periodistas en esos casos como el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz sobre hechos de interés general.
La FeSP defiende el derecho al honor y la intimidad de las personas, pero cuando éste choca con el derecho a la información debe prevalecer este último, tal y como ha indicado el Tribunal Constitucional en numerosas, siempre que se trate de hechos que sean de interés general.
También se han manifestado en contra la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), UGT, Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV), Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos y otros colectivos.
El secretario general de la FeSP, Agustín Yanel, también ha criticado esta propuesta. En un artículo publicado en el digital castillalamancha.es [ http://encastillalamancha.es/noticia/57488/wwwencastillalamanchaes* indica que, si esta reforma legal estuviera ya en vigor, la ciudadanía no habría podido ver «a Rodrigo Rato en el momento en que era detenido, el pasado 16 de abril, por presunto fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales», a pesar de ser un hecho de interés general.
«No hay que darle más vueltas: esta enmienda, caso de que finalmente llegue a ser aprobada por las Cortes en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal», escribe Yanel, «no va a proteger más unos derechos de los detenidos que ya están protegidos sino que, en la práctica, será una manera de hurtar a la ciudadanía información de interés».
Tras señalar que esta enmienda ha sido rechazada por la FeSP y otras organizaciones profesionales y sindicales, Agustín Yanel añade: «También deberían rechazarla las diversas asociaciones y colectivos ciudadanos, porque con esta medida se limita un derecho constitucional que es suyo, el derecho a la información, además de perjudicar a los periodistas y fotógrafos en su trabajo».
Esta propuesta del PP -que deberá ser debatida en el Pleno del Congreso y después en el Senado- se suma a otras medidas que ha aprobado en la legislatura actual perjudiciales para el derecho a la información y la comunicación. La más protestada ha sido la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que impone cuantiosas multas por manifestarse ante determinados edificios públicos sin haberlo comunicado antes o prohíbe difundir imágenes de policías cuando intervienen en protestas públicas aunque estén actuando contra derechos ciudadanos o abusando de sus competencias.
