La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación Europea de Periodistas (FEP) -organizaciones a las que pertenece la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)- han criticado la decisión del juez del juez de Palma de Mallorca Miquel Florit, que ordenó la entrada y registro en la delegación de la agencia Europa Press Baleares y en Diario de Mallorca para incautarse de documentación y material de dos periodistas de esos medios, con apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.
Agentes de la Policía Nacional acudieron el día 11 de diciembre a las redacciones de esos medios y se llevaron los teléfonos personales de dos periodistas que han informado sobre un caso de corrupción, dos ordenadores y diversa documentación. La FIP y la FEP han asumido las críticas a esa actuación judicial realizadas por los sindicatos y asociaciones españolas integradas en esas dos organizaciones -la FeSP, la Fape y CCOO-, porque consideran que estos hechos «son una grave violación del derecho de los periodistas a proteger sus fuentes de información», derecho que es «un pilar fundamental de la libertad de prensa, recogido en el artículo 20 de la Constitución».
En una nota de prensa. la FIP y la FEP recogen las declaraciones del secretario general de la FeSP, Agustín Yanel, quien ha manifestado que esta actuación «constituye una grave vulneración del secreto profesional de los periodistas, reconocido en el artículo 20 de la Constitución española y en todas las legislaciones democráticas sobre libertad de información».
Las reacciones de protesta contra esa decisión judicial han sido numerosas, tanto con concentraciones como con la firma de manifiestos y denuncias en las redes sociales. El jueves 13 de diciembre, la plantilla de la sede central de la agencia Europa Press en Madrid se concentró en la calle, convocada por los comités y delegados de personal de las empresas del grupo, todos ellos del Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM, integrado en la FeSP).
Hoy, viernes, ha habido concentraciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo, convocadas por periodistas que cubren la información judicial -los más directamente afectados por esta decisión judicial, porque supone un grave precedente que puede condicionar su trabajo diario- y apoyadas por la FeSP, el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), la Fape y otras organizaciones profesionales y sindicales.
Ante la sede del Tribunal Supremo, en Madrid, cerca de 200 periodistas han protestado bajo el lema «Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información», y han gritado consignas como «El secreto no se toca», «Sin periodismo no hay democracia» y «Juez, respeta nuestros derechos», entre otros.
Entre los asistentes a la concentración se encontraban numerosos periodistas dedicados a la información judicial, así como el presidente de la Fape, Nemesio Rodríguez; el secretario general de la FeSP, Agustín Yanel; el presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabienes, y el director de esa agencia. Javier García Vila; el presidente del grupo Prensa Ibérica y de la Asociación de Medios de Información (AMI), Javier Moll, y el director general de esta organización empresarial, Ramón Alonso.
En declaraciones a los medios, Agustín Yanel y Nemesio Rodríguez han coincidido en denunciar la gravedad de este atentado sin precedentes contra el secreto profesional de los periodistas y su influencia muy negativa en el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información veraz y plural, porque estos hecho atacan directamente a las fuentes de la información en un caso de corrupción de interés general.
También ha habido protestas en otros medios y ciudades. En Palma de Mallorca, cerca de 200 de periodistas se concentraron el jueves ante la sede del Ayuntamiento, convocados por el Sindicato de Perodistas de las Islas Baleares (SPIB, integrado en la FeSP) y la Asociación de Periodistas de Baleares. Ambas organizaciones reaccionaron urgentemente el martes de manera conjunta, cuando se conoció la noticia de que se estaban produciendo los registros, y han difundido un manifiesto en el que califican estos registros por orden judicial como «un ataque directo al ejercicio libre del periodismo, garantía del derecho a la información de la ciudadanía».
