Exigen a las autoridades federales y estatales el despliegue de todos los recursos necesarios para dar con los culpables.
La periodista Roxana Guzmán Ramírez fue secuestrada el pasado 2 de junio por un comando armado que irrumpió en su casa en el municipio de Nanchital, estado de Veracruz. El 3 de julio se confirmó su asesinato en un rancho de Moloacán, donde sus restos fueron calcinados.
La víctima era directora del diario Pulso Informativo del Sureste y ya había sufrido un hecho grave de violencia en 2017 cuando asesinaron a su esposo, Carlos Fernández Escalante. Por ese motivo se fue de Nanchital y regresó en 2025 para ejercer de nuevo el periodismo en la región.
Piden investigar si ha sido un crimen de Estado
La FIP y la FEPALC condenan el crimen y exigen junto al SNRP que las autoridades lleven adelante una investigación exhaustiva, independiente y transparente que dé con los responsables. «Resulta particularmente grave la detención de cuatro policías de Ixhuatlán del Sureste, quienes presuntamente proporcionaron apoyo logístico al grupo criminal responsable del asesinato. La complicidad entre funcionarios públicos y sicarios denota también un posible crimen de Estado, una línea de investigación que el Ministerio Público debe explorar».
El asesinato de Guzmán Ramírez ocurre, además, en un contexto generalizado de impunidad donde los ataques, las amenazas y las desapariciones forzadas buscan silenciar las investigaciones que revelan negocios ilegales entre organizaciones criminales y el poder político.
“Exigimos al gobierno mexicano que adopte medidas inmediatas. Nos solidarizamos con su familia y con los periodistas de México, especialmente con nuestros colegas del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa. Resulta inadmisible que, en una democracia, se sigan presentando estos hechos”, sostuvo Santiago Ortíz, presidente de la FEPALC. “México continúa siendo el país más riesgoso para el ejercicio del periodismo en el continente, y por ello, reclamamos que se activen todos los protocolos necesarios para proteger a quienes ejercen la labor de informar, frente a la violencia de grupos criminales y de poder. Desde toda América Latina y el Caribe, extendemos nuestra solidaridad y reafirmamos la defensa de la libertad de expresión como pilar fundamental de la democracia”, completó.
Crédito foto: SNRP
