Reporteros Sin Fronteras (RSF), en un comunicado del martes pasado, advierte que las radios comunitarias de Paraguay están en el punto de mira del nuevo Ejecutivo tras la “purga” operada por este en los medios públicos.
Al menos 200 de las emisoras comunitarias, que son gestionadas por pequeñas comunidades y asociaciones locales, podrían ser clausuradas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) por operar “sin autorización oficial”.
Asimismo, el presidente de la URP -patronal radiofónica de ese país-, Javier Correa, aseguró tras reunirse con el Gobierno del presidente Federico Franco que CONATEL se habría comprometido a cerrar “más de 1.200 radios piratas existentes en el país por incitar al delito y estar implicadas en actos ilegales”.
La URP congrega a buena parte de las emisoras privadas y, según RSF, apoyaron el golpe parlamentario que destituyó a Lugo, y a su juicio constituye “un grupo de presión que sirve directamente a los intereses del nuevo Gobierno, contestado por la movilización ciudadana”.
“Que nadie se engañe con el barniz legal y administrativo del que se vale el representante de las principales emisoras de radio privadas y comerciales del país”, subrayó RSF, “este cabildeo sirve directamente a los intereses de un Gobierno de dudosa legitimidad”.
Asimismo, tachó de inadmisible que los grupos audiovisuales dominantes reclamen censurar a otros medios, y pidió a las autoridades paraguayas una ley de telecomunicaciones que garantice la igualdad entre radios públicas, privadas y comunitarias, así como su independencia.
