Los intentos de establecer por ley una especie de «censura previa», para que no se publiquen informaciones sobre investigaciones judiciales cuando lo pida el fiscal o las partes personadas en un sumario -que el Ministerio de Justicia baraja incluir en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-, tiene su reflejo en otros ámbitos.
El Partido Popular ha introducido una enmienda en el «proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria» que, si la aprueba el Senado, se convertirá en una «censura previa» sobre los análisis comparativos que habitualmente realizan y publican las organizaciones de consumidores. El Ministerio de Agricultura no incluía esta propuesta en el proyecto de ley que llevó al Consejo de Ministros, pero el PP la ha introducido durante su tramitación en el Congreso.
En ella propone que los resultados de los análisis o estudios comparativos de alimentos realizados por esas organizaciones, antes de difundirlos a través de los medios, deberán comunicarse al fabricante o al titular del comercio donde se vende el producto afectado, para que este pueda encargar un análisis contradictorio. En el caso de que existan discrepancias entre ambos estudios, se efectuará un tercero, lo que retrasará notablemente la difusión del resultado.
Esta enmienda, que ha dado a conocer el programa «Ser consumidores», de la cadena SER, ha provocado la protesta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), la OCU, Facua-Consumidores en Acción y otras organizaciones, que la califican de «ley mordaza».
Consideran que tanto retraso en difundir sus informes impedirá que estos produzcan algún efecto. Si esta norma estuviera ya en vigor, análisis de la OCU como los que desvelaron que en España se vendía ternera con trazas de carne de caballo, o aceite de oliva con la etiqueta de «virgen extra» cuando no lo era, por ejemplo, no hubieran tenido ninguna eficacia porque en el momento de publicarlos probablemente ya se habrían vendido las partidas de los alimentos analizados.
Las organizaciones de consumidores afirman que los fabricantes y comercios pueden denunciarles judicialmente cuando consideren que un análisis comparativo les ha perjudicado por ser erróneo, sin que haya que establecer en la ley esa especie de «censura previa».
