En la última semana el colectivo Anonymous ha filtrado más documentos que muestran el seguimiento de activistas en las redes sociales y que provendrían del Centro de Seguridad de la Información de Catalunya (Cesicat), organismo que depende de la Generalitat de Catalunya.
A diferencia de las filtraciones anteriores, que mostraban seguimiento de actividad en la red vinculada a eventos concretos, en la nueva filtración destacan un informe de siete páginas sobre el periodista Jordi Borràs y una referencia a un informe de investigación sobre el perfil de Twitter @Culebrae. Además, incluye un documento donde la empresa TB Security (ahora Incita Security) cifra en 9.064 euros (IVA no incluido) el coste de los operativos de seguimiento del mes de mayo del 2012.
Este documento habla de cuatro operativos de seguimiento, vinculados a las manifestaciones del 1 de mayo, la cumbre del Banco Central Europeo en Barcelona, el 12M15M –las convocatorias que se hicieron alrededor del primer aniversario del 15-M– y un operativo llamado «GECO: Colaboración ciudadana», que haría referencia a la polémica web de delaciones impulsada por los Mossos, que buscaba identificar manifestantes de la huelga general del 29 de marzo del 2012 haciendo públicas sus fotos.
Diferentes abogados ya han denunciado que la legislación de protección de datos prohíbe elaborar ficheros donde se clasifique a las personas según su ideología. Desde el Bufet Almeida, despacho de abogados especializados en internet y una de las víctimas del seguimiento, aseguran que el hecho de haber dedicado recursos públicos podría implicar, además, un delito de malversación de fondos.
El Cesicat ha optado por mantener el silencio respecto a los documentos. Sin embargo, Dropbox ha retirado los archivos de sus servidores en base a una reclamación de derechos de autor de este organismo.
Ante una llamada del fotógrafo Jordi Borràs, que aparece desmenuzado en un informe de siete páginas hasta por sus actividades comerciales se ha dirgido al jefe de seguridad corporativa del Cesicat quien no quiso ni confirmar ni desmentir la autoría de los informes. Mientras, se negaban a pronunciarse sobre la autoría de los documentos, asegurando que no responderían a filtraciones anónimas.
El abogado Carlos Sánchez Almeida, especializado en la materia, aseguraba en declaraciones a Catalunya Plural que no se puede hablar de espionaje, pero que la ley de protección de datos no permite hacer archivos que revelen la ideología de las personas. El abogado denuncia que la situación sería especialmente grave si se prueba que se han destinado fondos públicos a esta tarea.
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http://www.eldiario.es/catalunya/Cesicat-derechos-documentos-filtrados-Dropbox_0_191080969.html
