Una de las primeras medidas del nuevo Gobierno de la Argentina ha sido la creación del Ministerio de Comunicaciones, del cual deben pasar a depender la la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) -que tiene a cargo la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual- y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) que debe diseñar la reglamentación de la ley 27.078 Argentina Digital.
Si los analistas temían por la supervivencia de la “ley de medios”, esto parece justificado por las declaraciones del flamante mistro de Comunicaciones nombrado por el presidente Mauricio Macri, Óscar Aguad, quien ha afirmado que “la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no va a subsistir en el gobierno de Macri”, ya que considera que “fue creada con la finalidad de aniquilar a medios de comunicación como el Grupo Clarín y Cadena 3E”.
Agus continuó diciendo que los medios deben “competir libremente en el mercado” y ante la pregunta sobre los derechos de los medios comunitarios, a los que la “ley de medios” les reserva el 33% del espectro, agregó que “trataremos de ayudar a los medios más pequeños, los que tienen menos posibilidades”.
Ante estas afirmaciones los trabajadores de la comunicación, representados por los tres principales sindicatos del sector -Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social (COSITMECOS), Confederación de Trabajadores de Espectáculo Público y Afines (CATE), Federación de Trabajadores de la Comunicación (FETRACOM)- han publicado el viernes último, en los diarios «Página/12», «Tiempo Argentino» y «Popular», un comunicado conjunto de respuesta.
En el mismo señalan: “Los trabajadores del sector audiovisual expresamos nuestro absoluto compromiso con la defensa de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y con la continuidad de su aplicación en todos sus aspectos y en todo el territorio del país.
Luchamos durante décadas para conseguir una norma democrática, que contemplara la enorme diversidad cultural de nuestro pueblo, que garantizara la pluralidad de voces y de miradas, que alentara el surgimiento de nuevos medios, que potenciara el desarrollo y el empleo en el sector audiovisual y que contemplara la absoluta libertad de expresión y el acceso al derecho a estar informados”.
Aseguran que dicha ley se logró “gracias al impulso de un inmenso colectivo político, gremial, social y cultural” y aseguran que “no permitiremos que se favorezca la concentración mediática, principal amenaza para la libertad de expresión, el derecho a la información y la pluralidad.
No permitiremos que se cierren medios de comunicación, se destruyan fuentes de trabajo, ni se excluyan a los nuevos protagonistas del sector audiovisual, como son los pueblos originarios, las cooperativas, las organizaciones sin fines de lucro, las PYMES, los municipios y gobernaciones o la comunidad educativa.
No permitiremos que se avasallen las instituciones democráticas creadas en el marco de la ley, garantes de su plena aplicación, como el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, AFSCA, RTA y la Defensoría del Público, entre otros.
Por todo ello, convocamos a todos los trabajadores y al público en general a permanecer alertas ante la amenaza de que se retroceda en los pasos dados para democratizar definitivamente la palabra en nuestro país.”
