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Los sindicatos belgas logran la anulación de la ley que penaliza la filtración de secretos de Estado a periodistas

El Tribunal Constitucional de ese país anula una disposición que permitía penas de prisión para periodistas que recibieran información confidencial

En Bélgica, los periodistas ya no pueden ser procesados ​​por posesión de secretos de Estado. El pasado 29 de enero, el Tribunal Constitucional belga anuló una disposición que permitía penas de prisión para periodistas que recibieran información confidencial, como secretos de Estado. La Federación Europea de Periodistas (FEP) se unió a sus afiliadas belgas, la Association des Journalistes Professionnels (AJP) y la Vlaamse Vereeniging van Journalisten (VVJ), para celebrar la sentencia.

Estas disposiciones formaban parte, según informa la FEP en su página web, de la reforma del Código Penal adoptada en febrero de 2023, que amplió la definición de «secreto de Estado» y penalizó su recepción no autorizada, incluso por parte de periodistas que pudieran obtener, o simplemente tener conocimiento, de información confidencial en el ejercicio de su profesión. Los periodistas se enfrentaban a penas de prisión de tres a cinco años. En 2024, la AJP, la VVJ y la organización de derechos humanos LDH impugnaron esta disposición, junto con otras dos, argumentando que su redacción imprecisa podría exponer a los periodistas a sanciones desproporcionadas y restringir el acceso a información de interés público.

Si bien el Tribunal reconoció que la ausencia de cualquier requisito de intención específica representaba un grave riesgo para la labor periodística, confirmó las dos disposiciones relativas a la definición de «secreto de Estado» y las normas sobre su transmisión, reproducción y divulgación.

Jil Theunissen, jefa del servicio jurídico de la AJP, ha declarado que «si bien celebramos que los periodistas ya no puedan ser procesados ​​por recibir información considerada secreto de Estado, nos mantenemos alerta. Dada la definición significativamente ampliada de secreto de Estado en el nuevo código penal, diversas situaciones de interés público directo podrían incluirse en esta definición, por ejemplo, el caso Nethys o el Qatar Gate».

Además «existe el riesgo de que se disuada a las fuentes de compartir información con la prensa. Seguiremos trabajando para garantizar que los y las periodistas puedan seguir recibiendo y difundiendo información de interés general sobre diversos temas con la mayor libertad posible», ha añadido la secretaria general de VVJ, Charlotte Michils.

Más información se puede obtener en este enlace.

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