La rectora de la Universidad de Alicante dice que a las universidades les preocupa que las empresas deban pagar las prácticas de sus estudiantes.
Hace más de un año que los eurodiputados transmitieron a la Comisión y a los Estados miembros una resolución en la que consideran “la no remuneración de los períodos de prácticas como una forma de explotación de trabajadores jóvenes y una violación de sus derechos”.
Este parece que sigue siendo el mayor escollo para su trámite y, ahora, tras haberse firmado el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, los firmantes se están dirigiendo a la CEOE para que se sume a la reforma de esas prácticas. Ante la falta de respuesta de ésta, los sindicatos están instando a la ministra de Trabajo para avanzar en el tema sin contar con la patronal.
Sin embargo, la CEOE no está sola en esa cerrazón social. El pasado viernes la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, ha planteado a su Consejo de Gobierno que la regulación de las prácticas estudiantiles «va a suponer la caída en la oferta» y que va a«poner en jaque» el sistema de prácticas.
La mayor discrepancia con la reforma se centra en la compensación de gastos para las prácticas no remuneradas, que tendrían que asumir las empresas. Para Navarro, «entramos en una dialéctica en bucle porque por una parte se reclama más formación práctica y, por otra, se entra en conflicto con los proveedores de prácticas a quienes además de gravar por el tutelaje necesario que han de ejercer para que la formación sea óptima, se les exige una compensación económica».
«El problema de fondo es que se está haciendo un análisis de las prácticas desde un punto de vista laboral y no académico», ha afirmado la rectora. Representantes empresariales, administraciones y otras universidades coinciden en señalar que se trata de una medida «difícilmente cuantificable y muy gravosa».
