Los periodistas no somos policías

El Colegio de Periodistas de Cataluña en un comunicado señala:
«El pasado 20 de junio la Fiscalía provincial de Barcelona exigió por escrito a 18 medios de comunicación que entregaran en el plazo de 48 horas todas las imágenes no emitidas o impresas de los disturbios del día 15 al Parque de la Ciutadella. Los medios obedecieron y ahora ya se ha convertido en un hecho habitual.
Pero la Fiscalía ha dado incluso un paso más y exige los datos de los autores de las imágenes, como en su última petición del 30 de enero sobre una huelga de funcionarios de prisiones.

El Colegio de Periodistas condena este hecho y lo considera muy preocupante. Ya en el mes de junio se pidió un informe jurídico y se consultó varios expertos. El informe es muy claro: la cesión de imágenes sólo es obligatoria en el supuesto de que  haya una orden judicial.
En el supuesto de esto, y sólo en este caso, se abren, además, muchos puntos de reflexión, como el derecho a preservar fuentes periodísticas, es decir, el respecto del secreto profesional, el derecho a la libertad de información y el derecho a al honor y a la intimidad por parte de los afectados.

Hay medios, como RTVE, que en su reglamento interno hacen constar este extremo: En condiciones ordinarias, los materiales no emitidos tienen que mantenerse como materiales exclusivos de la actividad profesional, y no están disponibles para nadie si no hay una orden judicial. Pero incluso  esta orden se puede impugnar si la entrega puede crear problemas a profesionales o colaboradores ocasionales y pone en peligro la obtención de nuevos materiales de interés público.

Los periodistas no somos detectives ni mucho menos confidentes. Cuando se confunden los oficios entre políticos, policías y periodistas siempre  salen perjudicadas las libertades civiles, empezando por la de información.
Y como muestra, lo que pasó con el tabloide británico «News of the World: periodistas ejerciendo de policías, policías cobrando para informar.

El problema, aquí, es doble: por un lado el Gobierno de la Generalitat se cree con el derecho a exigir imágenes, propiedad exclusiva de los medios, por hechos como una huelga de funcionarios de prisiones.
Y por otra, algunas direcciones de informativos han obedecido una vez más sin ni siquiera interponer recursos judiciales contra este abuso.
Todo ello sólo puede provocar un aumento de la percepción de que los medios de comunicación son una prolongación del poder ejecutivo, y aumenta también la animadversión de algunos sectores sociales contra los compañeros que informan en la calle.

El Colegio no sólo lamenta la actitud de la Consejería de Interior. Pide a la fiscalía que respete la independencia de nuestra profesión y recomienda a los directivos de los medios que, sencillamente, no obedezcan y que lo pongan en conocimiento del Colegio para hacer fuerza de forma conjunta.”