La creciente ampliación de las inversiones extranjeros en el mercado europeo ha despertado las alertas de la Comisión Europea ante el control necesario de los sectores estratégicos para la economía y la sociedad. Entre estas empresas de “necesidad social” la CE ha decidido incluir a las empresas de medios de comunicación, las de almacenamiento y procesamiento de datos, y las de tecnologías para procesos electorales.
Esta inclusión de los medios coincide con la posición que viene manteniendo desde hace años la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) que viene exigiendo, por la misma razón su regulación para garantiza el derecho a la información de la ciudadanía.
La presencia de capital extranjero, sobre todo estadounidense, es especialmente importante en la televisión española; sobre todo en canales temáticos y de visión bajo demanda, en las principales plataformas de Internet y en prensa, dentro del sector de las revistas.
El año pasado se ha formalizado la participación mayoritaria del grupo chino Orient Hontai en Imagina Media Audiovisual. Este holding, que lidera el sector en España ha nacido de la integración de las productoras Globomedia y Media Pro, a través de a cual es accionista de Atresmedia.
Esta preocupación no viene provocada por xenofobia alguna sino porque estas corporaciones constituyen holdings que ahogan la producción local con sus productos indiferenciados producidos a gran escala.
Según la propuesta de regulación, el control europeo permite la intervención de la CE en tres distintas fases de esos procesos de inversión:
– Cuando un país esté analizando la entrada de capital extranjero destinado a una compañía estratégica. El país en cuestión deberá informar a la Comisión sobre la estructura de la sociedad, la cuantía de la inversión y sobre los países miembros de la UE que podrían verse afectados por esta operación en materia de “seguridad” y “orden público”. Aquí, la comisión podrá dictaminar si se considera una inversión perjudicial.
– Si el país destinatario no dispone de las herramientas necesarias para monitorizar estas operaciones, pero otro país de la UE siente que puede verse afectado por esta inversión, puede alertar a la Comisión, quien podrá emitir un dictamen al país donde se realizará dicha inversión.
– los responsables europeos podrán actuar de oficio si consideran que las inversiones están destinadas a “programas de interés de la Unión”. El país destinatario tendrá siempre la última palabra, pero este nuevo mecanismo servirá para sacar a la luz este tipo de compras y adquisiciones, que hasta ahora se han realizado de forma bastante opaca en muchos países.
