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Los despedidos de RTVM abandonados a su suerte

“Sólo 9 de los 75 despedidos de Radio y Televisión de Mallorca [M] ha encontrado trabajo estable un año después del cierre de este medio público por parte del Consejo de Mallorca”. Este es lo resultado de una encuesta hecha por el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) a través de un ex trabajador de [M] para conocer la situación de los trabajadores de RTVM despedidos hace un año.

El cierre de RTVM destruyó el lugar de trabajo de 115 personas afectadas por un Expediente de Regulación de Ocupación (ERO) que nunca aceptaron y contra el cual el comité de empresa presentó una denuncia de improcedencia que, a estas alturas, está pendiente de resolución judicial.

Lo que está claro es que la mayoría de los ex trabajadores de RTVM continúan en el paro un año después de la extinción de sus contratos. La encuesta fue comunicada por correo electrónico a 98 de los 115 profesionales afectados y ha sido respondida por 75 (dos de ellos, contratados externos).

De las personas que han respondido, la mayor parte (40) pertenecían en las áreas de redacción y edición, 22 al apartado técnico de imagen, solo 3 a administración y 8 en otras áreas no especificadas.

A la pregunta de cual ha sido su situación laboral desde que se cerró RTVM, 52 de los encuestados han respondido que continúan en al paro desde entonces, 14 que han realizado tareas esporádicas y 9 que han encontrado trabajo estable.

De las 9 personas que han encontrado una ocupación estable (todas, menos una, ex redactores/editores en RTVM), 5 declaran tener un trabajo que guarda relación con la que tarea que hacían la cadena pública, pero sólo 3 admiten que sea igual o mejor.

Aun así, 6 de estos 9 ocupados estables dicen que han hecho formación, pero sólo la mitad consideran que los haya resultado útil laboralmente.

En cuanto a los ocupados esporádicamente (9 ex redactores/editores, 4 ex técnicos de imagen y sonido y uno de una área sin especificar) casi el 100% (12 sobre 14) informan que las tareas realizadas tenían relación con las que habían desarrollado a Radio y Televisión de Mallorca.

 

El Consejo incumple el Plan Social; los trabajadores sin ayudas a formación

Los trabajadores de [M] y Ona Mallorca fueron despedidos con una indemnización de 20 días por año trabajado y el derecho a la participación de ayudas económicas para la formación o desplazamiento por motivo de trabajo o formación.

Sin embargo, estas ayudas que se anunciaron como Pla Social, permanecen en suspenso porque Radio y Televisión de Mallorca está en concurso de acreedores y los trabajadores han quedado adscritos a la lista de beneficiarios de la liquidación, en el mismo nivel que otros proveedores.

Por lo tanto, el Consejo de Mallorca se ha desentendido, desde un principio, de los trabajadores que han tenido que formarse por su cuenta a la espera de que se resuelva el concurso de acreedores de RTVM para recibir las ayudas comprometidas.

La encuesta del SPIB también ha preguntado a los encuestados si se han formado durante este primer año desde la clausura de [M] y Ola. El 74% dice que sí, a pesar que, de estos, sólo el 30% admite que la formación recibida les haya servido laboralmente.

Preguntados los que no han encontrado ocupación estable como ven su situación laboral de aquí seis meses, 24 han respondido que se ven al paro, 14 realizando trabajos esporádicos y 2 ocupando un puesto de trabajo estable. 16 no lo saben o prefieren no pensar en ello. De los que han respondido a esta pregunta sobre el futuro a medio plazo, 18 estiman que estarán formándose.

Irresponsabilidad política

Cómo en el caso reciente de IB3, el ERO a RTVM se enmarca en una justificación de falta de viabilidad operativa o económica, el argumento necesario para sacarlo adelante legalmente, provocado por «quien paga y manda».

Son IB3, ahora, y el Consejo de Mallorca, antes, los que, al fin y al cabo, con decisiones arbitrarias (eliminar la partida de presupuesto por RTVM o reducir la demanda de programación a CBM) fuerzan las condiciones que llevan a la eliminación de lugares de trabajo.

En definitiva, es innegable que la responsabilidad es de las instituciones públicas y de los partidos políticos que las gobiernan a pesar de que miren hacia otro lado como si esto no fuera con ellos. Cada lugar de trabajo perdido es consecuencia de su irresponsabilidad.

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