Ha sido publica en el BOE del pasado 29 de diciembre el Real Decreto 28-2018 por la cual se dispone que los estudiantes universitarios que realicen prácticas formativas deben ser incluidos en la Seguridad Social, con el objetivo que vayan acumulando años de cotización.
Entre las variadas reacciones, destaca la de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), que agrupa a la mayoría de las principales universidades, tanto públicas como privadas.
Los rectores, que se siente molestos porque haya salido, dicen, de manera «sorpresiva y sin consulta previa» y quieren negociar el desarrollo de la normativa. Consideran que, aunque apoyan la medida, temen que el incremento de costes para universidades y/o empresas puede hacer que caiga el número de becas ofertadas. Además que creen que hay discriminar entre prácticas curriculares y no curriculares.
La normativa, además, permite que los exbecarios puedan regularizar su situación; mediante la auto cotización de 51 euros por cada mes de práctica, para incluir ese tiempo en su vida laboral con carácter retroactivo.
Algunos medios de comunicación están contribuyendo a aumentar la confusión ya que, entre otros errores, hablan de becas retribuidas cuando ninguna lo es, ya que se trata de las ayudas propias de toda beca que realmente lo sea y no se trate de la mera explotación gratuita de los conocimientos del estudiante. Solo los estudiantes en prácticas (ya titulados) reciben retribución salarial.
