Según puede deducirse del informe “El tratamiento informativo de la violencia hacia las mujeres” que ha presentado el mes pasado el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) la autorregulación de las televisiones privadas es un breve y silencioso brindis al sol. No funciona.
Como consecuencia de los datos que se aportan en el informe, la presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Emelina Fernández, ha “apelado a los profesionales de los medios de comunicación para que asuman códigos deontológicos a la hora de informar sobre crímenes machistas tras constatar que en la mayoría de los operadores de televisión se ignoran las normas éticas más elementales cuando abordan asesinatos por violencia de género”.
«Cuando un periodista se enfrenta a un caso de violencia machista, está obligado a informar desde una posición de denuncia de la situación de la mujer maltratada, adoptar una posición de rechazo inequívoco hacia las prácticas de los maltratadores y, sobre todo, asumir un compromiso ético con el rigor y la verdad al difundir la información», ha destacado la presidenta del CAA.
Entre las conclusiones del informe destaca la diferencia de enfoque de la información entre los prestadores públicos y privados, además de la constatación del incumplimiento de las normas deontológicas elementales por parte de algunos operadores.
Sólo las televisiones públicas ofrecieron declaraciones de personas expertas, mientras que las cadenas privadas acudieron exclusivamente a amigos, vecinos e incluso familiares de las personas implicadas en el asesinato, en contra de lo que recomiendan todos los códigos deontológicos que han asumido las organizaciones profesionales de la información. Estos testimonios representaron el 71% del tiempo de palabra de los diversos actores que intervinieron en las noticias emitidas por las televisiones privadas.
Asimismo, el informe destaca que “la RTVA fue el único operador que en todas las ocasiones que abordó el asunto -en los noticiarios y en los programas de actualidad- respetó las normas deontológicas y los acuerdos existentes para el tratamiento informativo: fue la única televisión que no ofreció testimonios de fuentes no autorizadas, acudió a personas expertas y preservó la intimidad de los implicados -incluido el menor de edad- al abstenerse de difundir datos e imágenes que permitieran su identificación. Tampoco se hizo eco de los supuestos problemas psicológicos del agresor que sí se publicaron en otros medios.
