La polémica ley de vigilancia, llamada oficialmente Ley de conservación de datos e investigación, Powers Act (DRIPA en sus siglas en inglés), viola los artículos 7 y 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos y también las leyes de protección de datos personales, según ha dictaminado el Tribunal Superior de justicia del Reino Unido. La Unión Nacional de Periodistas (NUJ) –el sindicato británico del sector– ha desarrollado una intensa campaña contra el DRIPA con el objetivo de garantizar el derecho de los periodistas a proteger sus fuentes confidenciales.
El viernes 17 de julio el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales sentenció que las leyes de vigilancia del Reino Unido son incompatibles con la Convención Europea de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. El Tribunal Superior ordenó al gobierno aprobar una nueva legislación que entrará en vigor en marzo el 2016. La NUJ ha emplazado de nuevo al gobierno para que respete la protección de las fuentes periodísticas, los materiales y las comunicaciones.
La secretaria general del sindicato británico de periodistas, Michelle Stanistreet, afirma que «espiar a los periodistas y sus fuentes ha tenido un terrible impacto en la confianza de los denunciantes potenciales de poner información vital en el dominio público. Criminalizar las fuentes y la presentación de informes tiene que pararse.».
La FEP sigue apoyando la campaña del NUJ contra DRIPA pidiendo al gobierno del Reino Unido que respete las leyes europeas de protección de los derechos fundamentales de los periodistas y de la ciudadanía.
