“Hay que entender que la información, por encima de cualquier cosa, es un servicio social. Si perdemos esa dimensión empezamos a hacer las regulaciones en función de su carácter mercantil y el Estado tiene muchas otras obligaciones, como garantizar la libertad”, sentenció Frank La Rue, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión. “En América Latina habíamos cometido un error histórico al permitir que prevalezca la versión comercial de la información”, señaló.
El especialista presentó en Montevideo, el informe que elevará al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas referido a libertad de expresión, acceso a la información y derecho a la verdad y a la diversidad en la transición. En el transcurso de dicho acto, Frank La Rue, ubicó a Uruguay en un lugar preponderante de la comunicación en América Latina por sus nuevas normativas en materia de comunicación (Plan Ceibal), criticada como atentatoria a la libertad por la prensa española.
«Creo que está sentando bases con este proceso de consultas, que es un gran modelo, realmente muy novedoso que hay que convertir en ley», dijo. Además resaltó la intervención estatal adecuada en la regulación de frecuencias y el Plan Ceibal, como «una de las cosas más impresionantes que he visto jamás, darle acceso a Internet a la niñez en la escolaridad de primaria y secundaria.»
La Rue explicó que en su informe recuerda y reafirma la importancia fundamental de la libertad de expresión en sí misma y como herramienta para la defensa de todos los demás derechos. Asimismo refiere el hecho de que en muchos países las consideraciones comerciales y políticas han dominado los debates y la formulación de políticas hacia la señal digital terrestre en detrimento de los derechos humanos.
El informe enfatiza que las frecuencias radioeléctricas son un recurso público y que los estados tienen la obligación de gestionarlos adecuadamente, incluso el llamado «dividendo digital» a fin de promover el interés general.
Con respecto a los tipos de frecuencias, dijo que las hay comerciales comunitarias y públicas, y reconoció que en América Latina se cometió el error de permitir la «sobrecomercialización» de las telecomunicaciones.
«No tengo nada en contra de la comercialización, porque esta juega un papel importante pero no debe ser la única perspectiva. En primer lugar se debe tener en cuenta que toda comunicación es en primer lugar un servicio social», subrayó. Y rescató que “las radios comunitarias deben tener los mismos derechos que las comerciales”; señalando que la ausencia de finalidad de lucro no puede significar pobreza de recursos ni constituir un límite a su calidad.
«El Estado debe regular el manejo de las frecuencias pero no los contenidos, porque las concentraciones de medios o los oligopolios son un atentado contra la libertad de expresión». A modo de ejemplo, expresó que en Estados Unidos, el país más liberal en comunicaciones, está prohibida «la propiedad cruzada», o sea, que en una misma ciudad quien es dueño de un medio escrito no puede ser propietario de un espacio televisivo o radial.
Según La Rue la apertura a la digitalización debe ser regulada, porque de cada canal de televisión se originan otros seis. Esto hace probable que los tres que operan actualmente en Uruguay conserven un canal cada uno y que los restantes pasen a ser reserva del Estado. «Esto es lo importante, que las nuevas frecuencias pasen a manos estatales y sean distribuidas equitativamente».
